EL FISCAL GENERAL DE ISRAEL PONE EN MARCHA LA ACUSACIÓN POR CORRUPCIÓN CONTRA NETANYAHU.

La fiscalía escuchará las alegaciones del primer ministro antes de presentar una imputación formal.

A seis semanas de las elecciones legislativas, la larga trayectoria política del primer ministro Benjamín Netanyahu, de 69 años, el líder con el que se ha identificado a Israel en el mundo durante el último decenio, ha entrado en tiempo de descuento. El fiscal general, Avichai Mandelblit, notificó este jueves a los abogados del mandatario que va a poner en marcha las tres acusaciones por corrupción en su contra planteadas por la policía el año pasado. Netanyahu deberá ser escuchado en trámite de audiencia, previsiblemente después de los comicios antes de que Mandelblit pueda presentar imputaciones por soborno, fraude y abuso de confianza en tres casos separados. La amenaza de la justicia, cuya maquinaria ya se ha puesto en marcha no impedirá que el líder del conservador partido Likud se presente a los comicios, pero si se confirman las acusaciones y se produce un eventual procesamiento, sus socios conservadores pueden apartarle de la carrera por el poder que disputa desde hace tres décadas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el actual fiscal general, Avichai Mandelblit, en 2015.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el actual fiscal general, Avichai Mandelblit, en 2015. 

Amparado por las predicciones de los sondeos electorales, Netanyahu planteó los comicios anticipados del 9 de abril como un plebiscito sobre su legitimidad para seguir gobernando a pesar de los casos de corrupción por fraude y soborno que le salpicaban. Ningún primer ministro en el cargo (Ehud Olmert Olmert dimitió en 2009 en medio del escándalo público) había sido imputado hasta ahora por el fiscal general en la historia del Estado de Israel.

El pasado diciembre, en su último día en el cargo, el comisario general de la policía israelí, Roni Alsheich, hizo pública su recomendación de acusar al primer ministro por fraude y soborno en un tercer escándalo de corrupción. Era el llamado Caso 4.000, en el que se han investigado durante tres años los favores gubernamentales de Netanyahu que reportaron un beneficio fiscal de unos 250 millones de euros al grupo de telecomunicaciones Bezeq. A cambio, la compañía puso al servicio de los intereses del primer ministro y de su familia el popular portal informativo Walla. Su esposa, Sara, y el principal accionista de Bezeq, Shaul Elovitch, también figuraban en la amplia lista de cargos presentada por la brigada antifraude. Se trata de un escándalo demoledor, aparentemente capaz de acabar con la carrera política de cualquier gobernante. En el caso de Netanyahu, está por ver el alcance y las repercusiones legales de las acusaciones de la fiscalía.

La policía anticorrupción y el órgano israelí equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores aseguran contar con indicios suficientes de que entre 2012 y 2017 “Netanyahu y su entorno más cercano intervinieron notoriamente y de forma regular en la redacción de los contenidos de la web Walla, al tiempo que influyeron en la designación de redactores y editores sirviéndose de sus estrechos vínculos con Elovitch y su esposa, Iris”. Su objetivo era publicar “artículos y fotos halagadores y suprimir el contenido crítico contra el primer ministro y su familia”, remachaba el comunicado.

Netanyahu acumuló el cargo de ministro de Comunicaciones entre 2015 y 2017, por lo que era también el máximo responsable político del marco regulatorio al que estaba sometido Bezeq, grupo empresarial que integra telefonía fija, servicio de Internet, móviles, medios de comunicación y una plataforma de canales de pago.

Otros dos escándalos de perfil más bajo ya habían sido puestos sobre la mesa del fiscal general, Los investigadores policiales sostienen en el denominado Caso 1.000 que Netanyahu y sus familiares recibieron entre 2007 y 2016 lujosos regalos —puros habanos Cohiba, champán francés o joyas— evaluados en cerca de un millón de shequels (230.000 euros) de manos, entre otros, del productor de Hollywood Arnon Milchan, quien pudo recibir a cambio varios millones de dólares en beneficios fiscales. Anticorrupción también recomendó la imputación por el Caso 2.000, en el que se desvelaron las conexiones del gobernante con Arnon Moses, editor del diario Yedioth Ahronoth, el de mayor circulación en Israel, para contar con una cobertura favorable a sus intereses en contrapartida a medidas legales que favorecieran la difusión del rotativo.

El primer ministro israelí siempre ha rechazado abiertamente todas las acusaciones, que en su opinión obedecen a una “caza de brujas” desencadenada por la izquierda desde la policía y la prensa. “Estoy seguro de que, tras haber examinado la cuestión, las autoridades competentes llegarán a la misma conclusión: no hubo nada porque no hay nada”, apostillaba Netanyahu tras airearse cada nuevo caso, en un mantra invocado en su defensa durante una docena de largos interrogatorios policiales durante los tres últimos años.

En Israel, es habitual que los agentes hagan públicas sus conclusiones y sus recomendaciones de acusación antes de trasladarlas a la fiscalía. La policía suele actuar con notable independencia respecto del poder ejecutivo. A causa de las investigaciones de los agentes, fue encarcelado durante cinco años el antiguo presidente del Estado hebreo Moshe Katsav, condenado en 2010 por violación y agresiones sexuales. Las pesquisas de los agentes también contribuyeron a mantener entre rejas durante más de 14 meses al exjefe de Gobierno Ehud Olmert, declarado culpable de delitos de corrupción inmobiliaria por sentencia firme en 2016.

Después de haber cumplido como primer ministro casi 13 años –los últimos 10 de forma consecutiva, encadenando tres victorias en las urnas–, el líder del Likud se enfrenta a tres casos de corrupción por fraude, cohecho y tráfico de influencias. El fiscal general es quien tiene la última palabra para formular definitivamente las imputaciones y solicitar a los jueces que se abra, en su caso, el procesamiento. El puesto lo ocupa Avichai Mandelblit, un antiguo jurista militar que fue secretario general (asesor legal) del Gabinete de Netanyahu entre 2013 y 2016, y a quien el actual jefe del Gobierno designó después para el más alto puesto del Ministerio Público. La Administración del Estado le ha prohibido recibir donaciones para costear su defensa y le ha obligado devolver más de 260.000 euros que había recibido de amigos multimillonarios.

“Mister seguridad”, como se presentó Netanyahu ante las urnas hace un decenio, ha tenido que afrontar en sus tres últimos mandatos consecutivos la amenaza teórica de Irán ––que ha desplegado fuerzas en la vecina Siria-– y dos conflictos reales en Gaza en 2014 y 2014. Precisamente desde hace cinco años, las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos permanecen paralizadas.

La relativa seguridad y el éxito económico de su gestión durante una década –con un crecimiento anual sostenido del PIB en torno al 4% y una tasa de desempleo descendente que se sitúa por debajo de 5%– se han visto finalmente empañados por los casos de corrupción. Su ambición de convertirse en el gobernante que más tiempo ha ocupado el poder en Israel, al superar los 13 años de mandatos que acumuló David Ben Gurion, padre fundador del Estado de Israel, corre ahora peligro.

EL EXTRAÑO CASO DE LOS SUBMARINOS

A finales de 2018, la policía de Israel exoneró a Netanyahu en uno de los mayores casos de corrupción en la historia del país. Los investigadores de la unidad antifraude recomendaron acusar a algunos de sus más estrechos colaboradores por el llamado Caso 3.000: la compra de submarinos a los astilleros alemanes ThyssenKrupp para la Armada israelí por 2.000 millones de dólares (unos 1.800 millones de euros).

El abogado personal y primo de Netanyahu, David Shimron; el exjefe de su gabinete interno David Sharan; el exministro de Infraestructuras Eliezer Zandberg, y un antiguo jefe de la Marina de Guerra, el almirante Eliezer Marom, figuraban en la lista de acusados presentada por la policía al fiscal general.

Pese al lodazal descrito por los agentes en su entorno, el primer ministro conservador salió aparentemente indemne –-tocado pero no hundido–- de la larga investigación por el escándalo de los submarinos, en la que fue interrogado en varias ocasiones por el tráfico de sobornos en la adjudicación de los sumergibles.

La investigación policial del Caso 3.000 se basó en el testimonio de un arrepentido. El representante de ThyssenKrupp en Israel, Michael Ganor, se libró de una dura condena después de aceptar colaborar con los agentes y convertirse en testigo de cargo. Reconoció haber entregado al almirante Morom 600.000 shequels (143.000 euros) por “aconsejar” la adjudicación a los astilleros alemanes de tres submarinos y cuatro patrulleras, y por pagar al abogado Shimron —a quien Ganor tenía precisamente en nómina en calidad de letrado— otros 270.000 shequels por “abrir puertas” burocráticas.

“Si sabía que sus colaboradores estaban involucrados, el primer ministro debe dimitir. Si no lo sabía, también, ya que demuestra que no está capacitado para dirigir la seguridad del Estado”, clamó entonces el líder del Partido Laborista, Avi Gabbay, desde la oposición.

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