El expresidente peruano Alberto Fujimori ha regresado este miércoles a la prisión donde cumplió 11 de los 25 años de la pena a la que fue condenado, tras salir de la clínica en la que se encontraba desde hacía 112 días. Allí se había internado después de que un juez anulase a comienzos de octubre el indulto humanitario que dictó el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en la Nochebuena de 2017.

Fujimori evitó la reclusión penitenciaria internándose en una clínica privada de la comunidad peruano-japonesa, donde permaneció más de tres meses en la unidad de cuidados intermedios. Según vídeos e información difundida por la prensa peruana, el político pasaba su tiempo comunicándose por móvil y viendo en televisión las vicisitudes de sus hijos Kenji y Keiko enfrentados políticamente. Su hija mayor, la líder de la oposición, está en prisión preventiva desde finales de octubre.

Kuczynski dictó el indulto, a cambio de votos de fujimoristas disidentes en el Congreso para evitar su destitución, promovida por la bancada de Fuerza Popular, que ostentaba la mayoría parlamentaria y que entonces lideraba la hija mayor del autócrata, Keiko Fujimori. El autócrata cumple una pena de prisión debido a su responsabilidad, entre otros crímenes, en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas durante su Gobierno por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército que creó su Administración.

A petición de la Corte Suprema, el político de 80 años fue evaluado la semana pasada por una junta médica del Ministerio Público que diagnosticó que su estado de salud era «estable” y concluyó que podía “recibir tratamiento de forma ambulatoria».

Con el diagnóstico de “fibrilación auricular (un tipo de arritmia), enfermedad coronaria crónica, hipertensión arterial e insuficiencia venosa en tratamiento” y la recomendación médica, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema pidió el viernes al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) elegir un establecimiento que garantice a Fujimori “la administración de su medicación, controles médicos periódicos y la posibilidad de traslado a un centro asistencial de manera inmediata”. El INPE respondió el martes que el establecimiento penal Barbadillo, donde el autócrata estuvo preso entre 2007 y 2017, cumplía dichas condiciones.

Fujimori llegó al poder en julio de 1990, y en abril de 1992 ejecutó un autogolpe tras las denuncias de corrupción hechas por la primera dama Susana Higuchi y ante un Congreso donde no tenía la mayoría. Desde entonces, su asesor Vladimiro Montesinos se volvió el jefe de facto de las Fuerzas Armadas y el régimen se caracterizó por la corrupción y la guerra sucia contra miembros de la oposición.

El Grupo Colina cometió las masacres de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta en 1991 y 1992, respectivamente. La condena de 25 años de prisión a Fujimori, dictada en 2009, también se debió a su responsabilidad indirecta (autoría mediata) en el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti la noche del autogolpe y del empresario Samuel Dyer en julio de 1992.

Los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta cuentan con resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de obligado cumplimiento para el Estado peruano. Por ello, familiares de las víctimas y supervivientes solicitaron en febrero a la Corte que revisara la gracia que otorgó Kuczynski a Fujimori y esta dispuso que la justicia peruana decidiera si el indulto se adecuaba a las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

En octubre el juez supremo Hugo Nuñez Julca analizó las razones políticas que llevaron a Kuczysnki a firmar el indulto y cuestionó la forma, la velocidad y las irregularidades del trámite. En consecuencia, ordenó que el político regresara a la cárcel.

“Si en la tranquilidad de estar hospitalizado atravieso por una peligrosa montaña rusa cardiaca, en prisión la situación será mucho más grave e inestable. Es por eso que volver a prisión es una condena de muerte lenta y segura”, escribió la mañana del miércoles Fujimori a la agencia France Presse, cuando ya tenía el alta de la clínica y llegó una cantidad adicional de policías al centro médico, para preparar su salida. Su hijo menor, Kenji, congresista desaforado por presión del keikismo, llegó para acompañarlo en su traslado. Decenas de seguidores del albertismo protestaban desde temprano contra la medida en el exterior de la clínica y permanecieron hasta la noche, cuando el político fue llevado al este de Lima.

Fujimori difundió también el miércoles una carta, en la que se dirige a sus hijos y nietos. “Estoy seguro de que el juicio de la historia será más justo que el juicio de los enemigos políticos conmigo”, escribió a mano.

“No entendemos cómo la justicia no puede ser un poco misericorde con un anciano de 80 años”, comentó a la emisora Radioprogramas la congresista de Fuerza Popular Luz Salgado, una de las fujimoristas de viejo cuño, expresidenta del Congreso durante la Administración de Alberto Fujimori.

“No le perdonan el hecho de que haya tenido, sí, algunos errores, pero él no ha sido homicida en absoluto. Se ha seguido sembrando este ensañamiento, como si fuera criminal. ¿Qué clase de pueblo somos que no podemos reconocer que el país se recuperó por las decisiones de Alberto Fujimori?”, reclamó la parlamentaria.

Mientras el fundador del fujimorismo reingresa a prisión, la poderosa bancada fujimorista que llegó en julio de 2016 a tener 72 de los 130 escaños, afronta hoy otras preocupaciones, pues tiene solo 55. Con su líder investigada por lavado de activos, los pleitos y el descalabro internos se han agravado y más congresistas han renunciado a Fuerza Popular para sumarse a otras bancadas o formar una nueva.

En octubre, cuando aún tenían la mayoría en el Parlamento, el fujimorismo aprobó una ley para que su líder cumpliera el resto de la condena en arresto domiciliario. Sin embargo, la norma también abría la puerta a militares que durante el Gobierno de Fujimori cometieron violaciones a los derechos humanos, o a sentenciados por corrupción y lavado de activos. El presidente Martín Vizcarra rechazó la denominada Ley Fujimori por inconstitucional, desde entonces, Fuerza Popular no ha planteado una iniciativa corregida.