“He venido porque creo que nadie en Colombia tiene derecho a negarles a las víctimas del conflicto la verdad que ellos y nosotros necesitamos para reconciliarnos”. Las palabras introductorias que pronunció este miércoles el expresidente Ernesto Samper (1994-1998) suponen tanto un hito en la historia reciente de Colombia como un claro precedente en la compleja transición que atraviesa el país como parte de la implementación de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Samper fue el primer expresidente en comparecer ante la Comisión de la Verdad, surgida de ese pacto que busca pasar la página de un conflicto armado que ha dejado más de ocho millones de víctimas.

La audiencia, una sesión abierta a la prensa de casi dos horas, fue el comienzo de los espacios de contribución voluntaria impulsados por la Comisión, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux. La comparecencia de Samper se produce como respuesta al ofrecimiento del propio expresidente, en noviembre de 2017, para contribuir a esclarecer los hechos de guerra durante su mandato. Su gesto de alguna manera supone renunciar al fuero que los acuerdos firmados a finales de 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las otrora Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia –hoy desarmadas y convertidas en un partido político– reconocen a los exmandatarios.

“Fue usted la primera personalidad al más alto nivel que pidió a la Comisión ser recibido”, le reconoció De Roux durante la conversación desarrollada en un sencillo escenario, con ambos sentados lado a lado. “Deseo invitar desde esta tribuna de luz a todos mis colegas, a los expresidentes de Colombia”, dijo Samper. “No hay que tenerle miedo a la verdad”, agregó.

La Comisión de la Verdad, que navega en medio del clima de confrontación ideológica que ha caracterizado a Colombia, debe entregar en dos años un informe final que arroje luces sobre la guerra y dignifique a las víctimas. Es una entidad de carácter extrajudicial, pero trabaja en coordinación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional, pues ambas forman parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación contemplado en los acuerdos.

En la primera de varias sesiones –algunas de las cuales serán privadas–, el exmandatario plasmó una visión muy crítica frente a la intervención de Estados Unidos en el país sudamericano al referirse al narcotráfico. “Hay una relación directa entre el conflicto y las drogas”, afirmó. Con abundantes referencias históricas, que se remontaron hasta el momento en que Richard Nixon declaró su guerra contra las drogas en los años setenta, fustigó las políticas prohibicionistas impuestas desde Washington, a las que atribuyó una íntima relación con las dinámicas del narcotráfico y los grupos armados. “Cómo vamos a considerar a los campesinos criminales, cuando lo que tenemos que hacer es quitarles los campesinos a los narcotraficantes”, mencionó.

Samper también criticó estrategias como la fumigación aérea de cultivos de coca y la erradicación forzosa –que privilegia el actual Ejecutivo de Iván Duque–, así como el Plan Colombia, que con el cambio de siglo canalizó la ayuda estadounidense en la lucha antinarcóticos y contrainsurgente. A esa cooperación atribuyó la etapa de “mayor escalamiento” del conflicto armado. Para respaldar su visión, recordó que su Gobierno se saldó con 860.000 víctimas, el de Andrés Pastrana (1998-2002) con más de dos millones y el de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) con más de tres millones. Durante el de Santos, a pesar de los diálogos, se registró más de un millón de víctimas.

El Gobierno de Samper estuvo marcado por el escándalo del ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña –un caso conocido como el proceso 8.000– y unas relaciones con Estados Unidos que reconoció “tortuosas”. Ese enfrentamiento incluso le costó el retiro de su visa norteamericana. Durante su mandato no se reanudaron las negociaciones con las FARC, suspendidas en 1993. Lo relevó su gran rival político, el conservador Pastrana, quien echó a andar el fallido proceso de El Caguán y después se convirtió, junto a Uribe, en un feroz crítico de los diálogos de La Habana.

Antes y después de su paso por la Casa de Nariño, Samper se ha mostrado favorable a la legalización de las drogas. En los últimos años ha sido un defensor de primera línea del acuerdo de paz, y también se desempeñó como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) entre 2014 y 2017. En otro ejemplo de la distancia ideológica entre Samper y el actual Ejecutivo, una de las primeras acciones del presidente Duque, discípulo político de Uribe, fue retirarse el año pasado de la Unasur por considerar que se había convertido en “cómplice de la dictadura venezolana”. Desde entonces ha impulsado la creación de Prosur, un nuevo bloque regional a tono con el giro a la derecha en varios países sudamericanos.