El consumo de cinco gramos de marihuana por persona, a partir de los 18 años, en un coffeeshop, es legal en Holanda desde 1976. El cultivo, sin embargo, está prohibido. El dueño del local se ve por tanto obligado a comprar en el mercado negro un producto que luego ofrece sin problemas. Ningún Gobierno ha conseguido cerrar esta laguna legal porque su intención era reducir la demanda y los riesgos en la calle, por eso la policía solo actúa si el coffeeshop almacena más de 500 gramos diarios, el límite permitido. El último intento de enderezar la situación tampoco parece despegar.

El Congreso aprobó en enero un ensayo propuesto en 2017 para que una decena de Ayuntamientos cultiven legalmente, durante cuatro años, la droga que debe llegar al cliente. Sin embargo, los alcaldes no se ponen de acuerdo. Se quejan de que la prueba no erradicará a los traficantes que manejan la parte ilegal de la venta, y preguntan qué ocurrirá con unas cosechas que pasarán a ser ilegales si fracasa.

En 2017 había en el país 567 coffeeshops repartidos en 103 Ayuntamientos. Ese mismo año, el Ejecutivo holandés calculó que cerca del 80% de su facturación procede de la venta de marihuana (hojas y flores trituradas) de cultivo autóctono. Para los traficantes que la proporcionan a estos locales, supone unos de 600 millones de euros al año que desaparecen literalmente por la puerta de atrás.

El hachís (obtenido de la resina de la planta de cannabis) suele ser importado [igualmente sin licencia] de Nepal, Pakistán, Afganistán o Marruecos, donde hay grandes plantaciones. Durante el experimento, que no entrará en vigor hasta finales de 2019 o principios de 2020, los propietarios de un coffeeshop solo podrán adquirir la droga controlada por el Gobierno. Después, dispondrán de seis meses para regresar a la compra en el circuito ilegal, porque los resultados tardarán en estar listos. Los locales situados en la frontera con otro país (Alemania, Bélgica) no podrán vender a los turistas.

En estas condiciones, la Asociación de Municipios teme «que el apoyo inicial se reduzca porque los coffeeshop no quieren ir y venir entre la compra legal e ilegal», indican sus portavoces. Para el responsable del coffeeshop supondrá dejar una forma de aprovisionamiento ilegal, pero hoy tolerada, y abrazar una legalidad temporal. Cuatro años después, debería regresar al circuito perseguido con mayor incertidumbre que nunca. De momento, Ámsterdam y Róterdam se mantienen al margen. Femke Halsema, alcaldesa de la capital, dice que “el plan está condenado al fracaso”. Ahmed Aboutaleb, primer edil, de la ciudad portuaria, quiere “más ensayos, y más diversos, en mayor número de localidades”.

¿Qué dicen los coffeeshops? La organización que los reúne prefiere esperar a ver cuántos se apuntan. Temen, eso sí, que el consumidor viaje a otros municipios para hacerse con la marihuana legal, con el consiguiente peligro de que la otra acabe despachada en la calle. Sin olvidar que el Gobierno quiere reducir también la concentración de tetrahidrocannabiol (THC), el ingrediente psicoactivo de la droga. Si supera el 15% se considera dura y peligrosa para la salud, pero se ha convertido en un producto de exportación de difícil control.

El proyecto de cultivo legal está ahora en el Senado, aunque su paso por el Congreso no ha sido fácil. La coalición de centro derecha en el poder está formada por cuatro partidos, con ideas diversas. Así, mientras los liberales de izquierda promueven el experimento, cristianodemócratas y la Unión Cristiana (de inspiración protestante), están en contra. Los liberales de derecha, grupo del primer ministro, Mark Rutte, tienen dudas, pero todos acabaron cerrando filas porque “un acuerdo es un acuerdo”, dijo Madeleine van Toorenburg, el pasado 22 de enero, antes de la votación.