EL CASO ODEBRECHT PONE CONTRA LAS CUERDAS AL FISCAL GENERAL DE PERÚ.

La presión obliga a Pedro Chávarry a dar marcha atrás en su decisión de apartar a los fiscales que investigan los vínculos de Keiko Fujimori y Alan García con la constructora brasileña.

Las secuelas del ‘caso Odebrecht’ no dan tregua a Perú. El arranque del año ha sido especialmente convulso y ha puesto en entredicho al controvertido fiscal general, Pedro Chávarry. Después de apartar a los fiscales que desde octubre han puesto en jaque a importantes políticos que están siendo investigados por posibles vínculos con la constructora brasileña y de que los dos magistrados propuestos para reemplazarles rechazaran el puesto, Chávarry ha dado, este miércoles, marcha atrás en su decisión.

El fiscal general designó a dos reemplazantes de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Los magistrados designados, Frank Almanza y Marcial Páucar lucían incómodos y permanecieron en silencio la comparecencia en la que Chávarry anunció sus intenciones. Este miércoles, rechazaron asumir sus nuevas funciones. Pocas horas después, y cuando el presidente de Perú, Martín Vizcarra, llevaba al Congreso el proyecto de ley para nombrar una junta provisional de fiscales que elija a un nuevo fiscal general, Chávarry dio marcha atrás y difundió una nueva resolución por la que se mantenía en el cargo a los magistrados cesados el 1 de enero.

La decisión del fiscal general de apartar a los fiscales Vela y Pérez del Equipo Lava Jato solo podía deberse a la urgencia de anular las investigaciones que se avanzan contra Keiko Fujimori y Alan García. La decisión llevó a miles de peruanos a salir a la calle en plena Nochevieja, en manifestaciones a favor de los fiscales y exigiendo la renuncia de Chávarry.

Desde agosto, Chávarry ha bloqueado, con el apoyo del partido fujimorista Fuerza Popular, una investigación fiscal en su contra por ser presuntamente parte de la red de corrupción en el sistema de justicia, la mafia llamada los Cuellos Blancos del Puerto. La cabeza de dicha trama, el destituido juez supremo César Hinostroza, ofreció ayuda en 2018 a la hija mayor del autócrata Alberto Fujimori para evitar, mediante la revisión de una sentencia, que siga bajo investigación por lavado de activos. Pero cuando estalló en julio pasado el escándalo de la corrupción en el sistema de justicia, Hinostroza fue apartado de su cargo de juez supremo y huyó del país en octubre. Hoy está preso en Madrid mientras Perú tramita su extradición.

Keiko Fujimori está en prisión preventiva desde fines de octubre, a pedido del fiscal provincial Pérez, que quería impedir que obstaculizara la acción de la justicia, ante las evidencias de las conexiones del fujimorismo con magistrados para echar al traste la investigación llamada Cocteles, por los 1.200.000 dólares que la constructora brasileña Odebrecht entregó a la campaña electoral de Keiko Fujimori en 2011. Los fondos procedían de la contabilidad paralela de la empresa. Sin embargo, los colaboradores de la excandidata presidencial intentaron justificar el dinero como si hubiera sido recaudado en cocteles organizados por el partido fujimorista.

Pérez logró una orden de arraigo en Perú sobre el expresidente Alan García, para que responda a una investigación por lavado de activos, colusión y tráfico de influenciasvinculada con la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima, en función de las pruebas sobre un pago de Odebrecht de 100.000 dólares, también procedente de la caja paralela.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *