Estados Unidos presiona con más fuerza al régimen de Nicaragua. El presidente Donald Trump ha firmado este martes una orden ejecutiva para sancionar a las autoridades nicaragüenses por participar en abusos a los derechos humanos, en el retroceso democrático en el país centroamericano y suponer una “amenaza contra la seguridad nacional”. En su tercera ronda de sanciones contra Nicaragua, el Departamento del Tesoro ha subido en el escalafón político hasta llegar a Rosario Murillo, la vicepresidenta designada y esposa del mandatario Daniel Ortega, y a Néstor Moncada Lau, consejero nacional de seguridad.
«Yo, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, considero que la situación en Nicaragua (…) constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza», reza la orden ejecutiva firmada este martes por el republicano. La medida es una contestación a la «violenta respuesta» del Gobierno de Ortega a las protestas que comenzaron en abril por unos polémicos recortes a las pensiones públicas y que se extendieron rápidamente. Los enfrentamientos entre policías y manifestantes han dejado más de 350 muertos y al menos 2.000 heridos.
Las sanciones contra de Murillo y Moncada bloquean todos sus bienes y activos bajo jurisdicción de EE UU, e impiden a personas y entidades estadounidenses hacer negocios con ellos. Washington adoptó la misma calificación de «amenaza para la seguridad nacional» respecto a Venezuela en la etapa final del Gobierno de Barack Obama y la Administración de Trump la ha mantenido. La administración Ortega, en el poder desde hace 11 años, consideró que las medidas son «la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana contra Nicaragua».
La orden también enumera como causas del castigo «el sistemático desmantelamiento de las instituciones democráticas y del Estado de derecho por parte del régimen del mandatario nicaragüense, su uso de la violencia indiscriminada y de tácticas represivas contra civiles y la corrupción que ha llevado a la desestabilización de la economía nicaragüense».
El Departamento del Tesoro justificó la elección de Murillo y Moncada por ser personas que “están involucradas en abusos a los derechos humanos o actos de corrupción en Nicaragua”. EE UU está decidido a impedir que los funcionarios de Ortega accedan al sistema financiero estadounidense para obtener ganancias «a costa del pueblo nicaragüense», avisó el Tesoro en un comunicado.
La Administración Trump de advirtió que esto no se acaba aquí. Washington continuará «agregando presión» sobre el régimen de Ortega y sus partidarios utilizando «todas las herramientas económicas y diplomáticas a nuestra disposición». El objetivo de Estados Unidos es que el presidente de Nicaragua adelante las elecciones en el país centroamericano. Hace un par de meses, Ortega dijo en una entrevista en Fox News, la cadena de televisión favorita de Trump, que no pretendía acatar la petición estadounidense argumentando que eso generaría «más inestabilidad» en el país.
A comienzos de julio, el Departamento del Tesoro sancionó económicamente a tres ejecutivos por su participación en “graves abusos” contra los derechos humanos y corrupción: Francisco Díaz, el jefe de la Policía Nacional; Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua; y Francisco López Centeno, vicepresidente de Albanisa -la empresa creada para hacer negocios petroleros con Venezuela-. Casi un mes después, la Casa Blanca volvió a condenar la violencia y abuso contra los derechos humanos y sostuvo que la responsabilidad “en última instancia” radica en el presidente y su esposa, Rosario Murillo.
EL SENADO APRUEBA LA ‘NICA ACT’
A dos años de su aprobación en la Cámara de Representantes, el Senado estadounidense aprobó por unanimidad la Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), llamada coloquialmente Nica Act. Esta inicativa bipartidista, que aún debe cumplir dos pasos más para convertirse en ley, impone sanciones al gobierno de Ortega, entre ellas la prohibición de que EE UU vote a favor de préstamos solicitados por Nicaragua ante las organizaciones internacionales de las que la potencia forma parte, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM), cuyo apoyo a Nicaragua en préstamos concesionales se estima en más de 250 millones de dólares anuales.
