ECUADOR HA GASTADO MÁS DE USD 5 MILLONES EN LA SEGURIDAD DE JULIAN ASSANGE.

El Estado ecuatoriano gastó más de USD 5 millones en un sistema de seguridad y protección para la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanece asilado desde el 2012 el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Así lo confirmó a EL COMERCIO Íñigo Salvador Crespo, procurador General del Estado. Ecuador desembolsó además USD 1 millón en manutención durante el tiempo en el que ha durado el asilo. En la Embajada de Ecuador en Londres, ubicada en la calle 3 Hans Crescent, laboran seis funcionarios del cuerpo diplomático. En ese predio, Assange ocupa el 41% del espacio. Es por eso que a criterio de las autoridades ecuatorianas, era necesario regular las actuaciones de Assange, ya que los espacios a donde tiene acceso no están consolidados en una sola área y debe circular constantemente mientras los diplomáticos laboran.

Otros documentos claves que la Cancillería entregó a Baltazar Garzón, líder de la defensa de Assange, y al propio fundador de WikiLeaks, fueron las cartas remitidas por los ministros de Asuntos Internacionales del Reino Unido, Boris Johnson y Jeremy Hunt. EL COMERCIO tuvo acceso parcial a esas misivas, donde Gran Bretaña responde que no extraditará a Assange a un tercer país donde se le pueda sentenciar con pena de muerte.

En esa comunicación, el Ecuador “estima que la referida nota constituye una importante garantía del Gobierno británico, puesto que contiene una específica referencia a Assange”. En las mismas cartas, Reino Unido reitera que apenas Assange salga de la Embajada, será detenido por infringir las normas británicas sobre fianza y libertad condicional. Una vez arrestado, sería trasladado a un tribunal que podría imponerle una sanción de hasta seis meses de prisión y/o una multa. “Puede ser una sentencia de privación de libertad de seis meses o menor. O puede ser una sanción que sea solo de una multa”, dijo Salvador.

La carta subraya que no tiene una orden de extradición vigente, ya que la justicia sueca archivó la causa por presunta violación en mayo del 2017, pero el australiano es requerido por violar su libertad condicional en Reino Unido. El temor de Assange y su defensa es ser extraditado o deportado a Estados Unidos, país sobre el que divulgó secretos de estado en su portal WikiLeaaks. El protocolo especial de visitas y comunicaciones sigue en vigencia, luego de que se negara la acción de protección planteada por la defensa de Assange, para dejarlo sin efecto.

Carlos Poveda, abogado de Assange en Ecuador, reveló que ya interpusieron la apelación a la sentencia emitida por la jueza Karina Martínez, quien rechazó la acción de protección contra el Estado, por considerarla improcedente. Con la apelación de la sentencia, la Corte Provincial de Pichincha revisará la resolución de la Jueza de primera instancia. El Procurador señaló que como no se solicitó medidas cautelares para suspender el protocolo, el documento está plenamente vigente.

En el protocolo que elaboró la Cancillería se determinó que Assange debe someterse obligatoriamente a exámenes médicos trimestrales. El 24 de agosto pasado las autoridades ecuatorianas notificaron a Assange y a su defensa que debían ceñirse al reglamento. Incluso, el australiano proporcionó los nombres de sus médicos de confianza. “Cuando el protocolo fue presentado, él no se opuso”, dijo el Procurador.

Con esta medida, el Estado cumple dos objetivos: garantizar la salud de Assange y eximirse de responsabilidades, ante cualquier desmedro que pueda sufrir el australiano. Para Carlos Poveda, el protocolo vulneraría los derechos de Assange, ya que, de no acatar las normas, podría perder su estatus de asilado. Poveda insiste en que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida en julio pasado, reconoce al asilo diplomático como un derecho humano y sostiene que los Estados de acogida deben adoptar medidas adecuadas de protección, incluyendo aquellas contra la detención arbitraria. “El Estado tiene responsabilidad internacional por el tema de la protección de Assange”, afirma Poveda.

El australiano, por su parte, asegura en que la entrada en vigencia del protocolo responde a “presiones de potencias” que se vieron comprometidas tras la divulgación de documentos secretos en WikiLeaks. Sin embargo, la Cancillería, a través de un comunicado, rechazó esas acusaciones y emitió una nueva advertencia. “Ecuador demandará del asilado el respeto a la soberanía y al buen nombre del país, y no permitirá afirmaciones o insinuaciones gratuitas que falten a la verdad sobre la conducta del Gobierno Nacional”, dice el comunicado.


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