Dos autoridades de control cesadas, cuatro en proceso de evaluación y blindados por un ‘Mandato de evaluación’ concebido como norma constitucional. Así llegó a su primer mes en funciones el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social(CPC) transitorio.

La primera sesión del organismo se desarrolló el 6 de marzo pasado, una vez publicados en el Registro Oficial los resultados de la consulta popular del 4 de febrero, que transformó a este organismo en transitorio, con la potestad de evaluar y cesar en funciones a autoridades estatales.

Aunque a Carlos Ochoa no lo evaluaron, lo destituyeron siete meses antes de que concluya su periodo en la Superintendencia de Comunicación (Supercom), por los resultados de un examen especial realizado por la Contraloría a los manejos del canal incautado Gamavisión.

Y el 4 de abril anterior cesó al superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera, exministro de Rafael Correa y exconsejero de Lenín Moreno, porque se posesionó en el cargo 235 días después de su designación, pese a que la Ley de Servicio Público establece 15 días.

Más de 180 denuncias llegaron al Consejo de Participación transitorio

En el primer mes en funciones del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de transición han ingresado cerca de 183 denuncias ciudadanas.

Esa es la última cifra que tiene María de Lourdes Arboleda, secretaria técnica de Lucha contra la Corrupción (una de las áreas del CPC), aunque cree que en los últimos diez años habrán llegado más de 3.000.

Su impresión al conocer el funcionamiento de la Secretaría es que en los últimos diez años “hubo directrices claras para que no cumpla su función, pues los resultados en lucha contra la corrupción son nulos”.

“El mecanismo utilizado ha sido obviar la lucha contra la corrupción. Omitir el trabajo hacia el Gobierno central”, señaló la funcionaria.

Fuente: eluniverso.com