“Alemania es uno de nuestros aliados más estrechos y esperamos que dentro de la OTAN haya ahora Estados dispuestos a enviar buques militares al mar de Azov para apoyar a Ucrania y garantizar la seguridad”, ha pedido por su parte el presidente Poroshenko en una entrevista con el diario alemán Bild, difundida también en la web de la presidencia ucrania, aprovechando que este jueves se celebra en Berlín un foro sobre Ucrania. Poroshenko también ha reclamado sanciones adicionales para Moscú. Además, Kiev ha afirmado que pedirá a la comunidad internacional que cierre el estrecho del Bósforo. «Intentaremos pedir el cierre del Bósforo en Turquía para que los rusos sepan cómo se violan las normas del derecho internacional», ha dicho este jueves en una conferencia Ígor Voronchenko, comandante de la Armada ucrania.

Angela Merkel ha respondido al presidente Poroshenko y le ha pedido que se «mantenga la prudencia» y ha asegurado que solo era posible «resolver las cosas siendo razonables, dialogando los unos con los otros». Ha prometido tratar del tema con el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la cumbre del G20 que se inicia mañana en Buenos Aires (Argentina).

El presidente ucranio considera el choque naval del pasado domingo un pretexto para un ataque militar más amplio de las fuerzas rusas. Por eso ha impuesto la ley marcial en diez regiones del país: las fronterizas con Rusia o con zonas bajo la influencia de Moscú. Kiev considera que el incidente es gravísimo, no un capítulo más en la disputa que ambos países tienen en el mar de Azov después de que Rusia se anexionase la península de Crimea en 2014 y construyese un puente entre ambos territorios que limita el acceso a la vía marítima que ambos países comparten.

Sergiy Kyslytsya, viceministro de Exteriores ucranio, sostiene que lo ocurrido en el mar de Azov no es en absoluto accidental: “Para Rusia fue un ensayo, una manera de probar donde están los límites, de testar lo que pueden y no pueden hacer”. Un ensayo realizado justo antes de la cumbre del G-20, en la que el presidente ruso, Vladímir Putin, coincidirá con los principales líderes mundiales y tiene previsto reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump. “Por eso, lo ocurrido aquí no es un caso aislado, no es solo un problema ucranio, sino que afecta a todo el mundo”, recalca en su despacho del ministerio en Kiev.

Analistas como Mathieu Boulegue, de Chatham House, señalan que la agresión marítima es la última táctica del largo juego de Putin para socavar la economía de su vecino. Limitando el tránsito hacia o desde el mar de Azov —al que ambos países tienen igual acceso según un acuerdo bilateral de 2003— Rusia puede interrumpir un canal vital que Ucrania emplea para el envío marítimo de productos agrícolas y metales, sus dos principales materias de exportación.

“Están militarizando el mar”, critica Svitlana Zalishuk, diputada independiente integrante del bloque del partido del presidente Poroshenko. Miembro de la comisión de Exteriores y del Parlamento, afirma que las informaciones de inteligencia les han alertado de que “no es descartable” un ataque de Rusia por mar. “Yo no diría que lo harán de manera directa, sino mediante provocaciones que creen un clima que fomente el enfrentamiento”, dice la diputada, de la corriente conocida como europtimistas, surgida en las movilizaciones que derrocaron al presidente prorruso Víktor Yanukóvich hace ya cinco años. Zalishuk explica que están recabando evidencias de este último incidente para unirlos a la demanda que Ucrania ha presentado contra Rusia ante el Tribunal Internacional del Mar. Una causa que se une a otras ante distintos tribunales internacionales.

Ucrania, de unos 44 millones de habitantes, perdió un 70% de su flota en 2014, cuando Rusia se hizo con Sebastopol, uno de los puertos más importantes de Ucrania en el mar Negro. Hace unos meses, Kiev anunció que crearía otra base naval en Berdianks, en el sureste del país y a orillas del mar de Azov, que se sumaría a la de Mariúpol. Y esta es una de las razones, sostiene Roman Bezsmertnyi (dirigente del Partido Agrario y uno de los candidatos a la presidencia del próximo 31 de marzo) por las que Rusia ha aumentado la presión sobre el mar de Azov, que ha culminado con el ataque a la flotilla ucrania, con seis heridos y 23 marinos detenidos y enviados a prisión en Crimea, condenados a dos meses de detención preventiva por “entrada ilegal” en aguas que Rusia considera suyas.

“El incidente es gravísimo. Es la primera vez que Rusia reconoce su acción directa y no su apoyo a través de terceros. Aquí no estamos hablando de los llamados hombrecitos verdes”, dice Bezsmertnyi, en referencia al ejército de uniformados, sin escudo ni bandera, rusos o al servicio de Rusia, que en 2014 expulsaron al Ejército ucranio y a la policía de Crimea y allanaron el terreno para que Rusia se anexionase la península.

Ucrania, con el conflicto cada vez más caliente y una guerra abierta en el este con los separatistas prorrusos en las provincias de la cuenca minera de Lugansk y Donetsk, se enfrenta ahora a cuatro meses complicados hasta las elecciones del 31 de marzo. Unos comicios a los que el país llega cansado, tras cuatro años de un conflicto que se ha cobrado más de 10.000 vidas y ha dejado más de 1,4 millones de desplazados internos y una economía que, aunque ha crecido pese a la guerra, no lo ha hecho al ritmo deseado.

El país se encuentra además ante un hecho inédito desde la Segunda Guerra Mundial tras decretar el “estado de guerra” a través de la ley marcial durante 30 días en 10 provincias del país. Una medida extraordinaria que ha suscitado un gran debate político y social. La mayoría de los políticos la considera innecesaria, pero hay muchos que dudan de que este haya sido el momento adecuado para tomar esta decisión. Algunos sostienen que con ella y con el mensaje —práctico y simbólico— que envía a la ciudadanía, el presidente quiere ganar réditos políticos para las elecciones de marzo. Los últimos sondeos le dan poco más del 8% de los votos; lejos del 18,5% de la ex primera ministra Yulia Timoshenko.

Tanto la diputada Zalishchuk, como Bezsmertny y el también candidato a la presidencia Anatoli Gritsenko, exministro de Defensa y líder del partido Posición Cívica (a quien las encuestas dan un 7% de los votos), sostienen que aunque ahora es adecuada, fue en 2014, con la anexión de Crimea, cuando el país debió declarar la ley marcial. “Habríamos tenido entonces mejores opciones para proteger Donbás”, afirma Zalishchuk, que resalta que declarar la ley marcial ahora es la mejor solución para mantener preparado al país, también como señal ante la comunidad internacional que, en su mayoría, ha apoyado a Ucrania tras el último incidente.

El viceministro ucranio de Exteriores defiende que el momento es ahora. Y sostiene que en 2014 Ucrania no estaba preparada para la ley marcial. Ni militar ni socialmente. “Ahora estamos ante una nación madura que puede verificar que esta medida no viola los principios democráticos”, señala.