La Defensoría del Pueblo no está en capacidad de asumir la transferencia administrativa de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), como lo planteó el Ejecutivo en el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación que la Asamblea Nacional procesa al momento.
Lo advirtió la defensora del pueblo, Gina Benavides, quien señaló ayer ante la Comisión de Derechos Colectivos que la atribución que se pretende dar a la Defensoría –sobre medidas de protección y restitución de derechos, en materia de comunicación– puede llevar a una censura previa.
Insistió en que luego de una revisión se determinó que ninguna normativa regional asigna a las instituciones de derechos humanos competencias específicas sobre el derecho a la comunicación.
Dijo que la transferencia de bienes y personal de la Supercom no corresponde, porque crea un desbalance en los derechos, ya que “no puedo tener una unidad superfinanciada con doscientos empleados y para los otros derechos tengo cinco o diez empleados”.
La funcionaria no es partidaria de que la Defensoría del Pueblo tenga un representante en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), pues dijo que no es una instancia de formulación e implementación de política pública, sino de supervisión.
En su exposición indicó que el análisis de contenidos discriminatorios, violentos o sexualmente explícitos lo puede ejercer la Defensoría en el marco de sus competencias.
Como propuesta, Benavides sugirió que en el caso de vulneración de derechos, la persona afectada recurra en primer lugar ante el medio de comunicación para subsanar el derecho; y en caso de que esta restitución no se efectúe, el afectado presente directamente acciones constitucionales respectivas o, en su defecto, pueda acudir a la Defensoría del Pueblo para que esta actúe de acuerdo con sus competencias.
La legisladora Jeannine Cruz (CREO) comentó que es debatible la postura de la defensora del pueblo sobre las atribuciones en la Ley de Comunicación, y respecto a las transferencias administrativas de la Supercom indicó que está en debate crear un consejo.
Proyecto de reformas
El Ejecutivo plantea en el proyecto ochenta reformas, una elimina la Superintendencia y traslada la atribución de protección y restitución de derechos a la Defensoría del Pueblo. Otras tareas las otorga al Consejo de Regulación, como elaborar informes técnicos sobre el análisis de posible contenido discriminatorio, violento o sexualmente explícito, que podrían ser remitidos a la Defensoría del Pueblo para que inicie de oficio las acciones.
Fuente: eluniverso.com
