El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, decidió no “someterse” a la evaluación de su gestión, que está desarrollando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición.
Ayer lo anunció, alegando el respeto a la institucionalidad, y a que la Defensoría está regida por normas nacionales e internacionales que la blindan de este tipo de evaluaciones.
El Consejo inició el pasado 12 de abril el análisis de la administración de Rivadeneira, quien ha ocupado ese cargo en una primera ocasión en el 2011, y fue reelecto en enero del 2017, tras concursos de méritos realizados por el anterior CPC.
La ciudadanía puede presentar sus quejas o denuncias; y hasta el miércoles último se reportaron 16.
En una carta dirigida al presidente del CPC transitorio, Julio César Trujillo, el defensor le señala que la evaluación de su desempeño “es inconstitucional y tiene un enfoque claramente político que atenta contra la independencia y autonomía institucional”.
Admite que la potestad que tiene el CPC (de evaluar) proviene de la consulta popular del 4 de febrero, pero la Defensoría “se encuentra revestida de una serie de garantías a nivel nacional e internacional” para que pueda ejercer sus funciones, y si se lo evalúa y se lo destituye del cargo, pondría en “entredicho el real compromiso y respeto de las obligaciones frente al Sistema Internacional de Derechos Humanos”.
Alerta que se reserva el derecho de iniciar las acciones que le asistan dentro y fuera del país en defensa de sus derechos y de la institucionalidad.
Trujillo dijo ayer en una entrevista que están evaluando los informes de gestión y que tomarán las resoluciones en pleno así les “cueste”. “A mí me tienen sin cuidado. Lo que pueden hacer es destituirme. Y ¿quién puede destituirme? Los que abusan del poder. Diez años han ejercido el poder, y por qué no han de poder ejercerlo esta vez también arbitrariamente”
Fuente: eluniverso.com
