La Defensoría del Pueblo realizó un informe con el número de detenidos, heridos y muertos durante el paro nacional, que contradice las cifras del Gobierno. Su objetivo es identificar casos de violación a derechos humanos durante las manifestaciones. El defensor Freddy Carrión recalca que no hay motivos políticos, sino que actúa dentro de sus funciones.
¿Cuál fue la motivación para realizar informes sobre las protestas?
Como institución de derechos humanos nos interesaba saber cuántas personas fueron aprehendidas, cuáles fueron enjuiciadas y cuáles obtuvieron prisión preventiva. Ese es un tema clave para garantizar el derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa… Sobre esta base, delegamos a cada delegación provincial y zonal que reporten las personas detenidas y enjuiciadas.
¿Cómo lo hicieron?
Todas las delegaciones acudían a las unidades de Flagrancia. Hacían la constatación física de quiénes entraban y por qué razón entraban. Presenciamos los procesos de enjuiciamiento y contrastamos con los datos que sacaba la Fiscalía. Levantamos esos datos y los ingresamos a nuestro sistema.
¿Todos los detenidos fueron llevados a las unidades de Flagrancia? ¿No puede haber un subregistro?
Posiblemente. En Quito, en los primeros días de movilización, la fuerza pública aprehendió a una serie de ciudadanos y se demoraba entre diez y doce horas en llevarlos de los lugares de detención a las unidades de Flagrancia. Ahí se cometieron una serie de violaciones a derechos humanos. Se los llevaron al cuartel de Pusuquí (al norte de Quito). Bajo ningún estado de excepción se puede detener en unidades de la fuerza pública.
¿Cuántos casos hubo?
Es muy difícil determinar. Tenemos los datos de cuántas personas recobraron su libertad. Tenemos un registro de 1.192 aprehendidos. De estos, 274 aproximadamente han sido procesados. Más de 800 personas fueron liberadas inmediatamente sin formulación de cargos. Más del 80%. Las aprehensiones fueron ilegales, arbitrarias.
¿Encontraron algún patrón en esas detenciones?
Tenemos que identificar los abusos de la fuerza pública. Teníamos un contexto de protesta que, por supuesto, fue violenta. Al ver el número de manifestantes, la Policía detenía al que se le cruzaba. No había prueba de que hubiera cometido un acto vandálico.
¿Identificaron con nombres y apellidos a los detenidos?
Sí.
¿Encontraron extranjeros?.
Están las 19 personas detenidas en el aeropuerto (de Quito). Un argentino, en Cuenca, por el toque de queda… Son casos aislados. A menos de que hayan sido los encapuchados que pudieron generar violencia, entre los detenidos no hay extranjeros.
El Gobierno habla de seis fallecidos; ustedes, de ocho.
Nosotros registramos a dos personas que tienen el primer nombre y el primer apellido los mismos. El uno falleció el 7 de octubre y el otro, el 9. Constatamos con las familias. Y tenemos otro que falleció el 13 de octubre por un proyectil en la cabeza. Era de Riobamba y murió en Quito.
¿Qué van a hacer con los uniformados violentados?
No es que la fuerza pública no tenga derechos, pero tenemos que analizar el contexto. La fuerza pública dispone de una infraestructura para repeler una protesta. La ciudadanía no tiene ningún arma más que su humanidad. Por eso no hay muertos en la fuerza pública… Sí hay heridos. Sí hubo violencia, no necesariamente de los indígenas. Hubo infiltrados. Sobre esos actos se deben iniciar los procesos penales respectivos.
FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO.
