DECLARACIÓN DE TERRORISMO EN ECUADOR.

Para enfrentar al terrorismo de manera firme y con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) lo declaró, el 27 de abril, como una amenaza que atenta contra los elementos estructurales del país. Una declaración que es vista por la mayoría positivamente, está avalada por normativa internacional y legislación ecuatoriana y abarca un delito al que se apegan las acciones que están cometiendo las bandas criminales.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes”.

Carlos Estarellas Velázquez, experto ecuatoriano en derecho internacional y catedrático universitario, considera que esta declaración, que incluye la recomendación del uso de armas letales, es positiva y se apega al “terror que las bandas criminales están causando en el país” -según la definición de terrorismo, un delito de carácter internacional-, aunque reconoce que es una medida que se debe aplicar con mesura y establecer las diferencias con la delincuencia común.

“Lo decidido por el Consejo de Seguridad es positivo, pero la aplicación de esta medida debe tener la mesura y morigeración necesaria para que no paguen justos por pecadores. Si bien es cierto que el pueblo ecuatoriano exige respuestas al Gobierno, se debe cuidar que las acciones además de oportunas sean racionales”, subraya.

El coronel en servicio pasivo Alberto Molina, miembro de la Academia Nacional de Historia Militar, difiere en que se tenga que hacer aclaraciones para diferenciar al terrorismo de la delincuencia común, ya que dice que está tipificado en el Código Orgánico Penal Integral (COIP) en su artículo 366 y que en los numerales 9 y 10 se adaptan las últimas acciones de estas bandas a nivel nacional.

“Esta declaratoria permitirá movilizar -sin necesidad de decretar estados de excepción- a militares a las calles para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada (GDO), que mantienen nexos con los carteles mexicanos de Sinaloa Jalisco Nueva Generación y otras mafias”, explica.

Molina menciona también que el terrorismo tiene características que permiten identificarlo: violencia indiscriminada, sus efectos se extienden a la totalidad de la población; actúa con sorpresa infundiendo terror; produce sufrimiento innecesario: golpean las áreas más vulnerables de una sociedad.

“El crimen del terrorismo está entre los más crueles y repudiables, porque se juntan en él no solo múltiples agravantes al atentar contra una vida humana, sino el ensañamiento y brutalidad que pueden acabar con vidas inocentes, atenta contra el bien social de la paz con el mensaje de terror a los ciudadanos”, menciona.

Para Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la declaración del Cosepe no implica nada nuevo y reitera que ya está contemplado el delito de terrorismo en el COIP, como dice Molina.

A su vez, cuestiona que esa tipificación, que data de 2014, permitió que el Gobierno de ese entonces (del presidente Rafael Correa) “use de forma discrecional y sistemática esta figura legal para responder duramente al derecho a la protesta por derechos humanos, ejercida por organizaciones sociales”.

“Sobre el uso de la calificación de terroristas, anunciado por el Gobierno nacional, para responder a las organizaciones criminales, podemos decir que no deja de ser imprecisa la figura penal de terrorismo en el presente contexto y fácilmente se usaría a conveniencia y manipulación”, manifiesta.

Navarrete opina también que actualmente las organizaciones criminales son las que controlan las cárceles y desde ahí se dan las órdenes para los crímenes y atentados que se cometen fuera, por lo que reitera que no se está enfocando bien a quiénes o por dónde se debe combatir a la violencia o el “terrorismo” que el Estado señala.

“Frente a la criminalidad, el Gobierno nacional ha evidenciado total incapacidad y usado recetas inútiles para responder a la angustia que sentimos. Basta preguntar qué resultados tiene la recurrencia de estados de excepción, toques de queda, uso de armas y ahora la figura de terrorismo”, apunta.

Sin embargo, ante la declaración del Cosepe, Estarellas explica también que Ecuador está suscrito y ha firmado varios tratados y convenios relacionados con el terrorismo y dice que, según el derecho internacional, lo que corresponde en este caso es aplicarlos. Como la Convención Interamericana contra el Terrorismo, en la que se establecen puntos como medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo.

“El terrorismo a medida que se ha ido perfeccionando ha ganado una espectacularidad, destrucción y muerte . Si a mediados del siglo XX se utilizaba una bomba rudimentaria, una pistola o un puñal, ahora los terroristas utilizan el internet, computadoras, celulares, así como explosivos de gran potencia”, subraya.

Estarellas compara la declaración que hizo el Cosepe con la que realizó el presidente Álvaro Uribe en Colombia años atrás para enfrentar a las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya que como organización beligerante hasta podían pedir asilo, pero al decretarlas como terroristas esto lo impidió.

Navarrete difiere que la situación del país vecino se pueda comparar con la de Ecuador ya que aquí no existen estructuras definidas dentro de las bandas criminales.

“En Colombia lo que había era una agrupación político-militar que tenía sus mandos y una estructura totalmente definida, y acá no lo tenemos. La forma en que actúan las bandas criminales justamente carece de eso y son irregulares”, dice.

El activista dice que ante esta realidad, lo que el Estado puede terminar haciendo es actuar con total incertidumbre de los efectos que puedan tener sus acciones.

“La respuesta requerida por organismos de derechos humanos para detener la expansión de la criminalidad se la puede hallar en entender y implementar política de seguridad ciudadana integral”, refiere.