Las accidentadas negociaciones que se llevan a cabo entre la oposición y el régimen del sandinista Daniel Ortega en Nicaragua sumaron un nuevo atolladeroeste lunes, cuando el bloque opositor reunido en la llamada Alianza Cívica anunció que se retiraba del proceso tras el incumplimiento del Gobierno de liberar a todos los detenidos en el marco de las protestas que iniciaron hace un año, y cuya fecha límite para su liberación es el próximo 18 de junio. El Ejecutivo nicaragüense —presionado internacionalmente y temeroso de la imposición de sanciones por parte de la Unión Europea—, respondió con un comunicado firmado por el Ministerio de Gobernación [Interior], en el que informa de que excarceló este lunes a 100 personas consideradas por la oposición y organizaciones de derechos humanos como presos políticos.

Ambas partes firmaron el 27 de marzo un acuerdo en el que se establecía la liberación de 232 detenidos, después de sopesar los listados de presos del Gobierno y la oposición. La liberación debe realizarse con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR]. En ese acuerdo, además, se convino que el Gobierno debía “observar y respetar las normas y estándares internacionales de tratamiento adecuado y humanitario de los presos” y se puso como fecha límite para las liberaciones el 18 de junio. Organizaciones de derechos humanos llegaron a contabilizar unos 600 arrestados desde el comienzo de las protestas, pero el régimen ya ha excarcelado a más de 200 detenidos, según representantes del Comité Pro-Liberación de Presos Políticos de Nicaragua.

Para la Alianza Cívica, sin embargo, no solo se ha incumplido con las liberaciones de las 232 personas aún arrestadas, sino que se mantienen las condiciones inhumanas y la violencia contra los detenidos: el 16 de mayo fue asesinado en la cárcel de La Modelo, de Managua, Eddy Montes Praslin, de 57 años y con nacionalidad estadounidense. Esa muerte ha tensado más las relaciones entre el régimen de Ortega y Washington, que ha impuesto sanciones a funcionarios nicaragüenses y a integrantes del círculo cercano del presidente, incluida su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y uno de sus hijos, Laureano Ortega.

El eurodiputado Ramón Jáuregui afirmó al diario local La Prensa de que si las liberaciones no se dan antes del día 18, la UE impondrá las sanciones “en la segunda quincena de ese mes”.

“El hecho de que el CICR esté en el país por casi dos meses y no se haya excarcelado, ni liberado a un solo preso político en el marco del acuerdo con este organismo, es otra muestra de la burla del Gobierno al pueblo nicaragüense”, afirma la Alianza en un comunicado hecho público este lunes en el que anunciaba su retirada de las negociaciones y hacía un llamado a un paro nacional como forma de presión contra el régimen. Minutos después de conocerse la posición de los opositores, el Gobierno informó de la excarcelación de los 100 presos. “Nuestro comunicado es claro”, dijo una fuente de la Alianza consultada por EL PAÍS. “Pero esta decisión [la liberación del lunes] es un primer gesto y ojalá abra un camino para continuar el diálogo”.

Nicaragua cumplió en abril un año de una profunda crisis política que ha dejado 325 muertos, más de 50 000 exiliados y ha golpeado con dureza su economía. Ortega desató en junio del año pasado la llamada «Operación Limpieza», que tenía como objetivo reventar las manifestaciones: centenares de hombres con armamento de guerra atacaron bastiones opositores como la rebelde Masaya, causando decenas de muertos. Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo en una entrevista con EL PAÍSque «Nicaragua es un Estado policíaco» y que Ortega «depende de su policía política para sostenerse» en el poder. «Nicaragua se constituye como una situación generalizada de violación de derechos humanos, apenas comparable con lo que pasa en Venezuela», afirmó.