DANIEL ORTEGA IMPONE EN NICARAGUA UNA REFORMA A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PLENA CRISIS.

El mandatario nicaragüense también aumenta la presión tributaria contra las empresas y alega que es para recuperar la economía “tras un intento de golpe de Estado”.

Cuando están por cumplirse diez meses de crisis política en Nicaragua, iniciada por el intento del presidente Daniel Ortega de imponer una reforma a la seguridad social rechazada por empresarios y la población, el exguerrillero sandinista anunció un paquete de reformas tributarias y al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), alegando que necesita recuperar la economía tras lo que catalogó como un “intento de golpe de Estado” en su contra. Ortega envió las reformas a la Asamblea Nacional –que él controla–, por lo que serán aprobadas sin complicaciones. Los empresarios rechazaron estas propuestas e hicieron un llamamiento al mandatario a que se abra a una negociación que ponga fin a la crisis que ha dejado al menos 325 muertos.

Ambas reformas golpean con dureza a las empresas del país, ya diezmadas por la caída del consumo, la inversión extranjera y la fuga de capitales, que suma alrededor de 1.054 millones de dólares de los más de 5.000 de dólares de los depósitos en el sistema financiero. En el caso de la seguridad social se establece un aumento del 3,5%, lo que eleva al 22,5% la cuota que la patronal debe pagar al INSS. Las medianas y pequeñas empresas también sufren un aumento en la cuotas del 2,5, para pagar hasta un 21,5%. “El aumento de la cuota patronal del INSS afectará el flujo de efectivo de las empresas y el aprovechamiento fiscal será limitado, ya que los contribuyentes se encuentran en iliquidez debido a la crisis”, explica a EL PAÍS Julio Francisco Báez, uno de los principales expertos en temas fiscales de Nicaragua.

Una reforma similar ya desató la crisis en abril, cuando los jubilados protestaron por la reducción de sus pensiones. Entonces Ortega ordenó reprimir esas manifestaciones y la imagen de ancianos vapuleados generó un rechazo nacional que terminó en multitudinarias protestas que exigían el fin de 12 años de Gobierno autoritario. La respuesta oficial fue la peor matanza sufrida en Nicaragua en tiempos de paz, con la ejecución de crímenes de lesa humanidad contra la población desarmada, según un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), conformado para investigar los hechos de violencia que desangran este país centroamericano.

“El proyecto de reforma 2019 amplió los alcances de la reforma non nata de 2018, y por ejemplo, modificó la fórmula para el cálculo de pensiones de manera más drástica, reduciendo los porcentajes de las mismas. Es decir, que un pensionado recibirá menos con esta reforma 2019 que con lo que hubiese percibido en base a la reforma 2018”, agrega el analista.

La nueva reforma tendrá también fuertes consecuencias para los trabajadores –que deberán pagar más por sus cotizaciones– y pensionados, que verán mermados sus ingresos, al eliminar un ajuste anual del 5% al valor de su retribución por jubilación, aplicado para compensar la pérdida de valor del córdoba, la moneda local. Además, quienes en un futuro accedan a su jubilación verán afectados hasta en un 30% el monto de sus futuras pensiones. Para los expertos esta medida no es la solución para rescatar a una institución hundida por más de una década de mala administración y el otorgamiento de préstamos para la construcción de proyectos privados prácticamente sin fiscalización del Estado. En Nicaragua han bautizado al INSS como la “caja chica” de la Administración de Ortega.

Aumento de impuestos

El régimen de Ortega también envió a la Asamblea Nacional una reforma tributaria, que aumenta en un 3% los impuestos que los grandes contribuyentes tienen que pagar al fisco, pero también afecta a las empresas medianas, con un incremento del 2% en sus pagos impositivos, lo que a largo plazo tendrá un fuerte impacto sobre el empleo, que ya se ha visto mermado por la crisis: la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) –un centro de pensamiento ligado a la empresa privada– ha calculado en 417.000 las personas que han sido despedidas o suspendidas de sus empleos, de las que, 127.000 se encuentran en el desempleo. “La pérdida de empleos y la reducción de los ingresos de las familias han provocado un aumento de la pobreza en el país en un 9,3%”, advierten desde la institución. Es decir que la pobreza en Nicaragua pasó del 29,6% en 2014 al 38,9% el año pasado.

“No se han publicado estudios actuariales o económicos que justifiquen la implementación de tales medidas impositivas. La última reforma vigente a partir del año 2014, que modificó de la misma forma solo las fórmulas y porcentajes, no generó estabilidad a largo plazo”, advierte Báez. El Gobierno espera recaudar con estas medidas hasta 300 millones de dólares durante 2019 y las justifica afirmando que “son necesarias para compensar los graves daños a nuestra economía que los golpistas ocasionaron de forma deliberada y consciente”.

La empresa privada rechazó tanto las reformas al Seguro Social como el aumento en los tributos. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal cámara empresarial de Nicaragua, dijo en un comunicado que las iniciativas de Ortega “no resuelven el verdadero problema del país, que tiene su origen en una crisis política”, por lo que los empresarios hicieron un llamado al diálogo para hallar una salida pacífica y menos traumática. Juan Sebastián Chamorro, presidente del FUNIDES, catalogó de injustas las reformas, principalmente porque generarán desempleo y afectarán a los pensionados. “Si antes las pensiones eran de hambre, ahora serán de miseria. Una verdadera injusticia para aquellos que cotizaron toda la vida esperando seguridad económica en la vejez. Pasarán sus años de retiro en miseria y hambre”, afirmó.

La reforma tributaria, además, es vista por analistas en Managua como una represalia de Ortega hacia los empresarios, que desde abril rompieron el modelo de consenso que mantenían con el caudillo, por el que las decisiones macroeconómicas se tomaban entre la cúpula empresarial y los asesores del mandatario. Tras la brutal represión desatada por Ortega, la patronal rompió la relación, apoyó las manifestaciones, tres paros nacionales y además alentó y hasta participó en un diálogo que permitiera el adelanto de elecciones, que Ortega rechaza.

“El proyecto de reforma tributaria toma como base el escenario de estabilidad macroeconómica que existía hasta 2017 (crecimiento, no desarrollo; economía “robusta”, no sostenible), período en el que la economía del país no se había visto afectada. El escenario postcrisis es completamente diferente y los contribuyentes no están en capacidad de asumir mayores cargas fiscales”, agrega el especialista Báez. “Evidentemente de llegarse a implementar tales medidas ocasionaría una debacle en la inversión actual y futura, así como en las economías de los hogares. No es posible que se cumpla la meta recaudatoria, en razón del aumento del desempleo, reducción del consumo, salida de capital, amenaza de incremento en la inflación y otros factores que coadyuvan negativamente”.

Ortega intenta lograr un salvavidas en momentos en los que la economía se asoma a la debacle, pierde la valiosa cooperación petrolera de Venezuela y la comunidad internacional rechaza su proyecto autoritario. “Ninguna reforma tributaria puede discutirse antes de concertar una solución política que instaure un sistema democrático y preserve el Estado de Derecho en nuestro país”, recomienda Baéz. Desde su búnker de El Carmen, en Managua, el comandante Ortega no escucha razones: parece empeñado en llevar la débil economía de Nicaragua al despeñadero.

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