Al menos cinco veedurías ciudadanas se integraron para vigilar la gestión del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de transición en la evaluación de autoridades de control. Dos le piden correcciones, mientras que tres lo apoyan.
El CPC activó los procesos de evaluación a los cinco vocales que integran el Consejo de la Judicatura (CJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), al fiscal general, Carlos Baca; y al superintendente de Bancos, Christian Cruz, en base a un ‘Mandato de evaluación’.
Este ‘mandato’ inquieta a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), pues temen que permita la “discrecionalidad”.
Uno de sus directivos, Mauricio Alarcón, afirma que “las decisiones, por muy legítimas y respaldadas por la ciudadanía que sean, si carecen de legalidad, abriría la puerta a que los afectados demanden al Estado”. Exhortó a no “instituir un Estado de venganza basado en el odio político”.
Pacto Ciudadano está conformada por ocho personas que critican las afirmaciones del presidente del CPC, Julio César Trujillo, que en una declaración de prensa dijo que “se acabaron los concursos mañosos”.
Uno de ellos, Juan Esteban Guarderas, indicó que “están optimistas” por la labor que hará el Consejo, pero opina que “las declaraciones se alejan del principio de imparcialidad”.
La Veeduría por la Democracia, coordinada por el catedrático César Ulloa, explicó que su objetivo es informarlos –a través de sus denuncias– cómo se designaron las autoridades en el anterior CPC.
La Veeduría Mandato Popular, liderada por César Cárdenas, se formó para “garantizar el cumplimiento” de la consulta popular del 4 de febrero, y solicitaron a la Judicatura a suspender los concursos de elección en la Función Judicial.
Por su parte, la legisladora de CREO, Mae Montaño, integró la Veeduría Ciudadana, para “respaldar” al CPC, y pidió la evaluación del CNE.
Fuente: eluniverso.com
