La Corte Nacional de Justicia (CNJ) solicitó a la Asamblea Nacional la autorización para el «enjuiciamiento penal» a Rafael Correa, expresidente de la República, por el presunto delito de asociación ilícita en el caso de secuestro del político Fernando Balda.
Debido a que decurre el plazo de la instrucción fiscal, que finalizará el 18 de julio, mediante oficio dirigido a la presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, pide «que en un término no mayor a 72 horas el Legislativo proceda a emitir el correspondiente pronunciamiento».
El pedido fue oficializado, luego de que el fiscal general del Estado (e), Paúl Pérez Reina, mediante escrito, solicitó a la CNJ «se sirva señalar día y hora a efecto de que se celebre la audiencia de vinculación» al expresidente.
ATENCIÓN | Fiscal General #PaúlPérezR solicitó fecha para la audiencia de vinculación del expresidente Rafael Correa Delgado a la instrucción fiscal por el presunto delito de secuestro a Fernando Balda. Aparecieron datos que presumen su participación en el hecho investigado. pic.twitter.com/WEd1yVSRNK
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 11, 2018
Argumenta su pedido en consideración de que «en la presente instrucción fiscal han aparecido datos de los que se presume la participación de otra persona» en el delito que se investiga. Además, el fiscal solicitó la respectiva notificación, a través de correo electrónico, a Alexis Mera, abogado defensor del exmandatario.
En un comunicado, la Asamblea señaló que «están a la espera del ingreso del pedido de la CNJ relacionado con la solicitud de vinculación con la instrucción fiscal del economista Rafael Correa Delgado, para pronunciarnos».
Añade que como es de conocimiento público, a partir de mayo de 2017, el economista Rafael Correa Delgado ya no ejerce las funciones de Presidente de la República. Por tanto, no aplica el Artículo 120 de la Constitución, numeral 10.
Las autoridades judiciales deben proceder en el marco de sus competencias». Correa cumplió las funciones de presidente Constitucional de la República entre 2007 y 2017, periodo en el cual presuntamente se habrían cometido los hechos que se investigan.
El proceso se inició tras la denuncia presentada por Balda, exlegislador por el Partido Sociedad Patriótica (PSP). En 2012, Balda habría sido secuestrado en la ciudad de Bogotá (Colombia) por integrantes de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Pablo Romero está en Portugal El extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, rendirá su versión libre y voluntaria sobre el caso Balda, el martes 19 de junio, desde Portugal, por lo que será vía telemática.
El anuncio lo hizo este lunes 11 de junio su abogado defensor, Stalin Oviedo, al subrayar que “no existen las garantías suficientes para que él esté presente” en el país para este llamado de la Fiscalía. Romero, quien es considerado pieza clave para establecer la responsabilidad del expresidente Rafael Correa en el secuestro del activista político Fernando Balda, ha sido citado por tercera vez a la Fiscalía.
“Pablo Romero está dispuesto a rendir su versión”, ratificó su abogado, e insistió en que este proceso judicial tiene fines políticos. Como ejemplo, señaló que los cheques con los cuales se habría financiado el operativo del secuestro salieron de la Dirección General de la Inteligencia de la Policía y no de la Senain como se quiere aparecer.
Sobre Romero, la jueza de lo Penal de la CNJ, Daniela Camacho, pidió al Gobierno y a la Policía que soliciten una alerta de difusión roja a la Interpol para detener al exsecretario de la Senain. Pedido que a criterio de Oviedo no puede darse, en virtud de que hay una apelación que está en trámite en la CNJ, y por otro lado es una prisión preventiva, no una prisión en firme.
El exfuncionario fue vinculado en el juicio después de que la Fiscalía sostuviera que hay suficientes indicios de su participación en el supuesto delito contra Balda, ocurrido en agosto de 2012 en Bogotá, Colombia.
Además de Romero, también son investigados Fausto Tamayo, excomandante de la Policía Nacional, y tres agentes de la Dirección General de Inteligencia Policial. Estos cuatro se encuentran detenidos.
El lunes 11 de Junio, el asambleísta Fernando Callejas (CREO) pidió a la Contraloría General del Estado que audite los dineros de la Secretaría de la Administración Pública y de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República.
El parlamentario indicó que de comprobarse esto, se constituiría el delito de peculado por tratarse de la utilización de recursos públicos para el cometimiento de un acto ilegal, que podría determinarse como un crimen de Estado.
Fuente: eltelegrafo.com
