El próximo martes 22 de mayo termina el plazo para que los integrantes delConsejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Peralta, Rosa Jiménez y Alejandro Subía, presenten sus elementos y documentos de descargo a la evaluación que realiza el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPC).
Esto luego de que el organismo conoció ayer el informe técnico de investigación a la Judicatura en una sesión extraordinaria, a la que asistieron Luis Macas, Luis Hernández, Pablo Dávila y Julio César Trujillo. Estuvieron ausentes Xavier Zabala, Eduardo Mendoza y Miriam Félix-López.
El informe del organismo tenía previsto ser remitido ayer y se indicó que tendrán cuatro días hábiles para responder; ese plazo se inicia hoy.
El pasado 26 de abril, la Coordinación de Comunicación del Consejo transitorio informó que entre el 5 y el 13 de abril recibieron 704 denuncias contra la Judicatura, estas fueron a un equipo técnico que las analizó y fueron a revisión de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, a fin de determinar el cumplimiento de los requisitos.
El 4 de abril se inició el proceso de evaluación a los vocales del CJ. Ese día se les notificó y el 14 de mayo, el coordinador técnico de la Judicatura remitió al presidente del Consejo transitorio, Julio César Trujillo, el informe técnico de investigación que fuera remitido por el equipo de evaluadores.
Trujillo aclaró que ese informe sigue siendo reservado, pero será puesto en conocimiento de los miembros del CJ y una vez que tengan las contestaciones al informe fijarán fecha para la audiencia pública, en la que se leerá la resolución final y se pondrá en conocimiento del público.
Esa audiencia, agregó, debe ser entre 3 a 10 días, una vez que se remita la respuesta de los vocales de la Judicatura que será analizado por el pleno del ente transitorio.
Si primero el pleno de la Asamblea destituye a los cinco integrantes de la Judicatura, el CPC terminará el proceso de evaluación con la audiencia, pues tomarán una resolución haga lo que haga la Asamblea.
Trujillo recordó que el Consejo transitorio no tiene facultades punitivas, ya que la máxima sanción que pueden imponer es la cesación de funciones. No obstante, de ser al caso, remitirán la documentación a la autoridad competente y puso como ejemplo que si hay indicios de responsabilidad penal, lo enviarían a la Fiscalía.
Si no contestan resolverán a base del informe.
Fuente: eluniverso.com
