Con una puja entre el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y los asambleístas proponentes del juicio político respecto a la necesidad de singularizar las pruebas del supuesto peculado que habría cometido el presidente de la República, Guillermo Lasso, se instaló la mesa para conocer y aprobar cerca de un centenar de pedidos de pruebas y comparecencias.
Este 10 de abril, Édgar Neira Orellana, abogado del acusado en este juicio político, envió un documento con 40 observaciones respecto a los pedidos de pruebas que presentaron los legisladores de la Comisión de Fiscalización, pues observa que las peticiones están mal solicitadas, insuficientes y en algunos casos sesgadas.
Neira, en el escrito, señala que varios pedidos de información de los asambleístas Roberto Cuero, Comps Córdova y María Gabriela Molina, de la bancada UNES, no permiten una apreciación suficiente de los antecedentes de los contratos suscritos por Flopec y sus resultados; por ese motivo, plantea peticiones complementarias de información.
Todas estas observaciones son independientes de otras solicitudes probatorias que se reserva el derecho a solicitar a la comisión, dentro del plazo previsto en el art. 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aclara en el escrito. Y recuerda que ninguna prueba podrá apartarse de la acusación constitucional por supuesto peculado, en los términos estrictos del Dictamen 1-23- DJ/23 del 29 de marzo de 2023, expedido por la Corte Constitucional.
Pugna
Antes de instalar la sesión de la comisión prevista para las 16:00 de este 10 de abril, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, insistió en la necesidad de que los cuatro solicitantes del juicio singularicen las pruebas del supuesto peculado cometido por el presidente Guillermo Lasso.
Villavicencio dijo que su pedido no responde a caprichos, sino al dictamen de la Corte Constitucional. “Si no se singulariza la prueba no se facilita la legítima defensa del presidente de la República, porque cuando un ciudadano es llevado a un juicio lo primero que reclama el acusado es conocer de qué lo acusan”, añadió.
Dijo que en el expediente de juicio constan 20 pruebas documentales, 36 testimoniales para tres acusaciones, pero la Corte Constitucional “tumbó” dos acusaciones y solo dejó una; y en ninguna de las pruebas documentales se hace referencia a la acusación que corresponde; entonces, se quiere cumplir con el proceso de singularización de la prueba.
La legisladora Mireya Pazmiño, solicitante del juicio y separada de la bancada de Pachakutik, ratificó que no darán gusto al pedido del asambleísta Fernando Villavicencio de que se indique “en qué página, párrafo o línea está el peculado. “Eso no es así, nosotros tenemos que llamar a todas las autoridades e ir preguntando por qué no hicieron su trabajo”, dijo.
Agregó que en el desarrollo del juicio se irá demostrando dónde se cometió el peculado; “nosotros no tenemos por qué simplificar o singularizar, nosotros tenemos que presentar todos los instrumentos, comparecencias, documentos y audios para enfocarnos hacia lo que es el peculado; pero no tenemos que estar demostrando eso al presidente de la comisión, esa es labor de él”.
Pazmiño insistió en que en su momento y en la sustanciación del juicio se demostrará el peculado. “Y la clave de todo es el contralor del Estado, y de acuerdo con las preguntas y la documentación que nos presenten los auditores de Contraloría se irá estableciendo el peculado dentro de esa empresa pública”, subrayó.
Aclaró que no pedirán más pruebas de las ya solicitadas en el juicio político porque la norma no lo permite, pero sí lo harán los legisladores miembros de la mesa de Fiscalización y dependerá de ellos para dar paso a la solicitud de nueva información para comprobar el peculado. Recordó que el pedido de pruebas debe regirse al momento, pues no es posible que la vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Cordero, pida pruebas desde el 2010, lo cual podría entorpecer el proceso o demorar el juicio.
Mireya Pazmiño, proponente del juicio político a Guillermo Lasso, dice que no dará gusto a Fernando Villavicencio, de la Comisión de Fiscalizacion, de singularizar la prueba, que con la presencia del Contralor y el debate, se irá viendo dónde está el peculado.
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El asambleísta Fernando Villavicencio comentó que la posición asumida por la asambleísta Mireya Pazmiño y de los demás proponentes del juicio político solo beneficia al presidente Guillermo Lasso, porque una prueba mala o ausencia de prueba beneficia al acusado.
Para ello, el legislador nacional mostró un documento del que dijo es la evidencia de que la asambleísta Mireya Pazmiño actuó como defensora de los intereses de Amazonas Tanker y “la mafia petrolera, vinculada a uno de los mayores negociados de la historia del país, como es el comercio de crudo y el arrendamiento de buques a precios superiores al del mercado”, añadió.
El legislador Villavicencio tiene como prueba un documento que remitió la legislador Mireya Pazmiño a Hernán Luque, coordinador de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), en el que cuestiona la decisión del entonces gerente de Flopec, almirante Johnny Estupiñán, de haber suspendido el contrato con Amazonas Tanker, porque no tenía informe del procurador general del Estado. Además, en la misma carta, Pazmiño destaca la labor del presidente Guillermo Lasso.
Por lo tanto, preguntó cómo es posible que la misma asambleísta Mireya Pazmiño, que se opuso a la suspensión del contrato realizada por Johnny Estupiñán y que defendió a Hernán Luque, en su carta, ahora precisamente acusa al primer mandatario de no suspender dicho contrato, supuestamente por ser perjudicial para el Estado.
Fernando Villavicencio, pdte. de la Comisión de Fiscalización, insiste en singularizar la prueba de peculado y afirma que Mireya Pazmiño, es la principal defensora de Lasso, en el juicio político, por su actuación a favor de #AmazonasTanker y de Hernán Luque.
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Villavicencio aclaró que en el proceso los legisladores tendrán toda la libertad para hablar de los temas que quieran, pero que al final del camino en la redacción del informe motivado solo constará aquello que la Corte Constitucional, en su dictamen de admisibilidad, ha determinado.
Pruebas y contestación
Édgar Neira, abogado del presidente Guillermo Lasso, observó la petición de prueba presentada por el legislador Roberto Cuero (UNES), respecto al precio de time charter de los buques aframax, durante los años 2021 y 2022, y sugiere que debería completarse ese pedido insuficiente e incluir los años 2018, 2019 y 2020, porque el material probatorio no puede desentenderse de su antecedente directo, esto es, del contrato de 7 de diciembre de 2018 suscrito con Dragun USA LLP.
Sobre el pedido de que el área comercial de Flopec informe el valor de renta de los buques en el momento de la renta inicial y en el momento de la renovación de la renta, debería entenderse de los buques aframax que tienen relación con la Adenda n.º 3 suscrita el 10 de marzo de 2020. Por tanto, el pedido completo de esta información debería incluir los valores desde el 7 de diciembre de 2018 cuando se suscribe el contrato con Dragun USA LLP en adelante, hasta 2022 inclusive, pues de otra manera el asambleísta estaría introduciendo elementos ajenos al objeto de enjuiciamiento político.
Neira además sostiene que también es insuficiente el pedido que formula el legislador Cuero, sobre el informe que se solicita al área comercial de Flopec de los valores de los buques en el mercado en el momento de la renta y en el momento de la renovación de los contratos durante los años 2021, 2022, porque esos valores tienen como antecedente el contrato del 7 de diciembre de 2018 suscrito con Dragun USA LLP. Por tanto, la información debería comprender necesariamente el periodo 2018 hasta diciembre de 2022;
También señala que sobre los listados y fechas de quienes fueron gerentes comerciales y gerentes generales de Flopec desde el año 2021 hasta la presente fecha, es importante que se soliciten los nombres y periodos de gerentes comerciales desde el 2010 hasta el 2022.
Igualmente considero que la solicitud a Petroecuador para que informe el precio diario WTI debería incluir desde enero de 2018, y no solo desde enero de 2020.
La solicitud relativa al listado de ministros de Energía, secretarios de Presidencia, secretario jurídico de la Presidencia, presidentes de EMCO, a partir de diciembre del año 2020, también es insuficiente. Se deben pedir desde el 2010 hasta el 2022, señala el documento de la defensa del presidente Lasso.
La mayoría de las observaciones realizadas por Neira se enfocan en solicitar información de lo ocurrido en años anteriores respecto del Acuerdo Comercial Amazonas Tanker, con todas las adendas que existan desde el año 2018, cuando se suscribió el contrato.
En lo relacionado con estados financieros y liquidación de gastos y utilidades generados durante los años 2021, 2022, se deberán incluir también los años 2018, 2019 y 2020, cuando se inició la relación contractual que es materia de investigación, plantea Neira Orellana.
