CONTRALORÍA HALLÓ CONTRATACIONES SIN SUSTENTO HECHAS POR LA JUDICATURA.

Contrataciones sin sustento técnico, bienes en bodega y falta de acciones para recuperar dinero público son parte de las conclusiones a las que llegó la Contraloría durante el examen especial a las operaciones administrativas y financieras realizadas por el Consejo de la Judicatura, entre enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2017.

La lectura del borrador del informe final se realizó la mañana de este miércoles 21 de noviembre del 2018, en el auditorio de la Contraloría, en Quito. A la cita acudieron funcionarios y exfuncionarios de la Judicatura, quienes intervinieron y entregaron sus argumentos de descargo. Uno de los procesos revisados fue la compra de 250 tarjetas chips y 10 000 dispositivos criptográficos, también llamados Token, que sirven para realizar firmas electrónicas.

Sobre esto, los auditores encontraron que 9 718 Token y 240 tarjetas, valoradas en USD 500 300, se encuentran embodegadas, pese a ver sido entregadas por el proveedor hace 680 días. Uno de los exfuncionarios que participó en la compra de los dispositivos justificó que se encuentren inutilizados, porque todavía no se ha implementado la tecnología de expedientes electrónicos en la justicia.

Esto pese a que era un proyecto previsto desde el 2015, indicó. Otro contrato revisado fue respecto a una campaña de comunicación, valorada en USD 2,5 millones, para promocionar los servicios de la Judicatura. Los auditores concluyeron que este proceso se realizó sin licitación. Es decir que se contrató de forma directa a una agencia de publicidad, que además no cumplía los requisitos técnicos. Se observó además la adquisición, en comodato, de una máquina dispensadora de café y chocolate, por la que la Judicatura canceló USD 5 300.

Respecto a este proceso, la Contraloría determinó que no hubo un sustento legal para contratar el servicio. Según los auditores, los servicios de alimentación se pueden adquirir exclusivamente para oficinas que están en zonas de frontera o áreas rurales, pero en el caso de la máquina de café fue adquirida para la presidencia de la institución, ubicada en el norte de Quito. Otro contrato revisado fue la compra de mobiliario para unidades judiciales.

En este caso, se encontró que la Judicatura entregó un anticipo de USD 869 000. Pero durante la ejecución del proyecto se decidió dar por terminado el acuerdo. Para octubre del 2016 la proveedora debía devolver USD 172 700 a la Judicatura. Este monto era parte del anticipo que no fue devengado. Sin embargo, “pese haber transcurrido 692 días, la entidad no ha realizado acciones legales para recuperar el dinero público”, señala el informe.

En medio de la lectura, un exdirector jurídico de la Judicatura pidió la palabra y argumentó que la recuperación de los fondos era competencia de la Dirección Nacional Financiera, mas no suya. Otros contratos revisados fueron las pólizas de seguros de autos y el pago de viáticos por residencia para jueces.

En este último caso se detectó USD 6 859 desembolsados a funcionarios que trabajan en la capital, pero que provenían de otras ciudades, pese a que contaban con bienes en Quito. Los auditores resaltaron que no se hizo un análisis profundo de las declaraciones juramentadas de estos funcionarios.

Las personas observadas tienen cinco días, a partir de mañana, 22 de noviembre, para entregar documentos de descargo antes de que concluya el examen especial. No se hallaron indicios de responsabilidad penal.

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