Contraloría concluyó la auditoría de la deuda contratada por el gobierno de Rafael Correa

Quito –

Tras ocho meses de trabajo, los auditores de la Contraloría concluyeron el examen especial a la deuda pública contratada entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017. Las observaciones y recomendaciones provocan expectativa no solo por las probables responsabilidades civiles (glosas), administrativas (multas y destituciones) o penales (delitos) de los funcionarios involucrados, sino por sus consecuencias sobre los planes económicos del Gobierno.

De acuerdo con el informe preliminar, la auditoría señala irregularidades en seis tópicos: regulación y normativa sobre deuda, confidencialidad y secreto sobre documentos y procesos, venta anticipada de petróleo, expedición del Decreto Ejecutivo 1218, papel de Petroecuador en la gestión de préstamos, y falta de respaldos y archivos de las operaciones de financiamiento.

Una de las principales conclusiones de la Contraloría es que fueron excluidas de la contabilización a las preventas petroleras y a tramos de deuda interna, lo que provocó un falso registro de obligaciones. Si se cuentan esos montos, la deuda pública superaría el techo legal establecido en el Código de Planificación de las Finanzas Públicas, del 40 % del PIB.

Según el contralor subrogante, Pablo Celi, al menos $ 15 mil millones no fueron reportados como deuda. El informe del organismo revela que esta cerró el 2016 en el 54,5 % del PIB.

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Los veedores Marcelo Merlo y Pablo Dávalos confirmaron a EL UNIVERSO que la comisión fue llamada para la lectura del informe final este martes 3 de abril. En el grupo están, además, Patricio Alarcón, Magdalena Barreiro, Alfredo Corral, Ramiro Crespo, Mariana Yépez, entre otros.

De lo que Celi ha dicho y de los resultados de la auditoría, el Decreto 1218, suscrito por el expresidente Rafael Correa, permitió maquillar y manipular los montos y componentes de la deuda. Tras la aprobación del informe final, la Contraloría establecerá las responsabilidades administrativas, civiles o penales. Pero los observadores señalan consecuencias, incluso para este Gobierno.

José Hidalgo, director de Cordes, recomendó que cualquier operación de deuda a futuro se la haga con la aprobación de la Asamblea, pues “ya hay el antecedente de la declaratoria de un tramo como ilegítimo y hay que evitar ese riesgo”.

Marcelo Merlo plantea que “una vez demostrado que se ha superado el 40%, se debe derogar el Decreto 1218”. No obstante, esas recomendaciones podrían estar en el informe final de la Contraloría. Y son vinculantes, obligatorias.

Periodo
El 31 de julio de 2017, el contralor subrogante, Pablo Celi, ordenó auditar la deuda contratada entre enero del 2012 y mayo del 2017.

Fuente: eluniverso.com

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