El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) transitorio encargó la Fiscalía General a Edwin Pérez Reina en reemplazo de Carlos Baca, quien fue cesado por parte de la Asamblea, la semana pasada.
Además cesó y dio por terminado el periodo del defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, por desacatar el mandato de evaluación de gestión, negarse a entregar datos y amenazar a la autoridad evaluadora.
También lanzó una advertencia al Consejo de la Judicatura (CJ) con cesarlo en sus funciones en caso de que asuma las medidas cautelares expedidas por el juez de Balsas (El Oro), Eleuterio Aguilar, que dejó sin efecto la resolución del organismo sobre la suspensión del concurso de fiscales que convocó la Judicatura.
El CPC indicó que la suspensión de los concursos se dio hasta que concluya la evaluación, por lo que “no existe afectación a presuntos derechos ya que la postulación de los participantes constituye una mera expectativa que está sujeta al cumplimiento de todas las etapas del proceso”.
Las medidas cautelares, según el CPC, carecen de todo fundamento constitucional y legal, y que el organismo no puede reconocer una vía de hecho judicial que vulnera el debido proceso, y el acto no está debidamente motivado.
Sobre el fiscal, el CPC encargó el puesto a Pérez Reina, por ser el mejor puntuado en el concurso principal, cargo que ejercerá hasta la designación de la autoridad definitiva.
Semanas atrás, ante una consulta de la Judicatura, la Procuraduría General señaló que en una eventual ausencia de Baca y por la suspensión temporal de la fiscal subrogante, Thania Moreno, el reemplazo debía ser el segundo fiscal mejor evaluado, Gen Rhea, de Imbabura.
El pasado viernes, Rhea estuvo en Quito para asumir el puesto de Baca. Incluso tuvo reuniones de trabajo.
A más de cumplir sus funciones legales y constitucionales, en la resolución se señala que el fiscal deberá cumplir con las disposiciones del CPC, cooperar principalmente en controlar actos de corrupción interna y preparar la transición.
También encargó a Sofía Hernández como superintendenta de Economía Popular, en reemplazo de Patricio Rivera.
El presidente del CJ, Gustavo Jalkh, dijo ayer que sí cabía el fallo de Aguilar porque la denuncia la presentó una persona que estaba participando para mediadora.
Ayer la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, se reunió con el presidente del CPC, Julio César Trujillo, y en una declaración conjunta prometieron cooperación mutua y respeto a las atribuciones de ambas instituciones.
Fuente: eluniverso.com
