El Congreso de Nicaragua pidió este martes al presidente Daniel Ortega que retire al país de la OEA, luego de que la Asamblea General del organismo desconoció las elecciones en donde el exguerrillero obtuvo un cuarto mandato consecutivo, con sus rivales presos.
El Parlamento insta «al presidente de la República en su condición de jefe de Estado (…) a que denuncie la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA)», dijo el jefe del legislativo, Gustavo Porras, durante la sesión plenaria en donde 83 de 87 diputados autorizaron la solicitud.
Denunciar la Carta implica retirarse del organismo.
La declaración fue aprobada «ante las reiteradas acciones injerencistas de la OEA en los asuntos internos de Nicaragua», dijo Porras, quien pidió el Ejecutivo gestionar el retiro del organismo a través de los mecanismos establecidos.
El Parlamento y las instituciones del Estado están controladas por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).
El artículo 143 de la Carta de la OEA permite a un Estado miembro renunciar mediante una notificación, en el marco de un proceso que dura dos años.
La salida de Nicaragua del sistema interamericano aún debe ser aprobada por el presidente y notificada a la OEA.
Ortega, de 76 años y en el poder desde 2007, fue reelegido el pasado 7 de noviembre para un cuarto mandato consecutivo en un proceso duramente cuestionado por la comunidad internacional, donde siete de sus posibles rivales fueron detenidos meses antes de los comicios.
Ellos forman parte de unos 40 opositores aprehendidos durante 2021, bajo cargos de conspiración y otros delitos formulados por la Fiscalía a pedido del gobierno, que los acusa de conspirar para derrocar a Ortega con el apoyo de Washington.
Otros miles están exiliados desde 2018, principalmente en Costa Rica, luego de manifestaciones contra el gobierno, que dejaron 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado viernes, la OEA declaró, durante una sesión de la Asamblea General, que las elecciones nicaragüenses «no fueron libres, justas, ni transparentes y no tienen legitimidad democrática».
La resolución, aprobada por 25 de los 34 miembros del organismo, pide al Consejo Permanente que realice una «evaluación colectiva inmediata» a más tardar el próximo 30 de noviembre, para tomar «acciones apropiadas».
El parlamento nicaragüense rechazó «las continuas acciones injerencistas de la OEA», la cual, dijo, viola «abiertamente el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados».
«La OEA no está promoviendo la paz, la cooperación, muy por el contrario está interviniendo en asuntos de jurisdicción interna», recriminó el diputado oficialista Carlos López durante el debate.
