Transferencias de acciones a familiares y trabajadores de medios de comunicación, y una concentración en la asignación de frecuencias en la que están involucrados tres grupos empresariales, son las principales observaciones que constan en un informe borrador de la Contraloría General, elaborado al concurso público de concesión de 1.472 frecuencias que se convocó el 12 de abril de 2016.
Su lectura se realizó este lunes y asistieron autoridades y exautoridades del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), así como de observatorios ciudadanos, quienes escucharon el hallazgo de ocho posibles irregularidades.
La auditoría dividió en tres grupos empresariales de medios: A, B y C (no se pueden divulgar sus nombres), a los que habrían inobservado disposiciones legales que prohíben la transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión de una frecuencia a terceros.
Esto se habría confirmado en la Superintendencia de Bancos y Seguros, por transferencias bancarias de un concesionario a otro, que era familiar o trabajador de la misma empresa.
Según las cifras, 35 empresas postularon para obtener una o varias de 163 frecuencias del Estado. La Arcotel calificó a 31 de ellas para 146 frecuencias que pasaron a la segunda etapa, que es la calificación del proyecto comunicacional, a cargo del Cordicom.
Arcotel no habría verificado las inhabilidades de los postulantes, por lo que no se habría garantizado la igualdad de condiciones, se leyó.
En el 2016 había habilitado a un concesionario de una estación televisiva (involucrado en el caso Odebrecht), pese a que se observó que incumplió con requerimientos técnicos para acceder a dos repetidoras.
En el caso del Cordicom se halló que calificó con un 20 % adicional a los participantes con una inversión y experiencia acumulada. Además, que no habría el “sustento legal” para otorgar 15 puntos adicionales para los aspirantes a medios comunitarios. Y, por su falta de “supervisión”, 511 expedientes esperan ser calificados.
Estamos a la espera de este informe de Contraloría para poder proseguir con la calificación de los (511) proyectos de comunicación. El objetivo es tener seguridad jurídica.
Fuente: eluniverso.com
