La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) informó que la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y dos ministros.
La medida, según la dirigencia indígena, se da tras la denuncia presentada por el presunto delito de privación ilegal de la libertad de Leonidas Iza, presidente de la Conaie.
La investigación también se extiende a los ministros del Interior, Patricio Carrillo Rosero, y de Defensa, Luis Lara Jaramillo, según la información suministrada por la Conaie en su cuenta de Twitter. La Fiscalía no se ha pronunciado acerca del tema durante este jueves 14 de julio.
La denuncia de la agrupación se refiere a los hechos ocurridos a las 00:30 del martes 14 de junio de 2022, un día después de iniciado el paro nacional indígena. Esa noche Leonidas Iza fue detenido en Cotopaxi por la Policía y las Fuerzas Armadas, por presunto delito flagrante.
🔴#ATENCIÓN
La @FiscaliaEcuador da inicio a la investigación previa en contra del presidente @LassoGuillermo, los ministros @CarrilloRosero y #LuisLara por la denuncia presentada por la #CONAIE por el presunto delito de privación ilegal de libertad de @LeonidasIzaSal1. pic.twitter.com/xFNjy9FQG6— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) July 14, 2022
La detención
En el sector de Pastocalle se produjo la aprehensión. Allí se le leyeron los derechos a Iza, tanto en quichua como en español, en los que se habría mencionado que estaba siendo capturado por los supuestos delitos de rebelión (Art. 336 del Código Integral Penal, COIP) y de paralización de servicio público (Art. 346 COIP).
El dirigente fue trasladado a Latacunga. El delito de paralización de un servicio público es sancionado con cárcel de uno a tres años. Así lo establece el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Posteriormente, el presidente Lasso dijo en una alocución televisiva, que los presuntos responsables de actos vandálicos durante el primer día del paro, estaban siendo detenidos. “Detrás de estos delitos hay autores intelectuales y materiales, que deben responder al pueblo ecuatoriano”, dijo el Primer Mandatario.
“El incendio de un patrullero -añadió Lasso-, la invasión a productores agrícolas, la rotura de parabrisas a vehículos privados y escolares, el ataque a una instalación de bombeo de petróleo, corte de agua a la comunidades, cierres y daños graves en las vías estatales… respetar la ley es un principio fundamental de la convivencia en democracia, por eso se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales, ejecutores de estos actos violentos”.
En un balance de la primera jornada de protestas, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que se abrieron 41 investigaciones previas por actos vandálicos, que incluyeron incendios de patrulleros en Cayambe y en la vía Cuenca-Molleturo. Así como la suspensión de bombeo de una estación de extracción de Petróleo en la población de Pompeya, en Orellana.
