El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU resolvió que Ecuador violó el derecho a la seguridad social de una mujer, al negarle la pensión de jubilación pese a haber contribuido al sistema durante 29 años.
Los expertos independientes decidieron a favor de la peticionaria, que había denunciado a Ecuador en 2015 porque se le denegó una pensión de jubilación especial reducida, informó el Comité, que también considera que la mujer «sufrió un trato discriminatorio por razón de género», debido a las condiciones de afiliación voluntaria en el sistema de seguridad social.
La afectada no había efectuado el pago de las contribuciones durante ocho meses consecutivos entre los años 1989 y 1990, lo que -según la legislación ecuatoriana- suponía el cese de su afiliación. Los expertos destacan, no obstante, que fue solo después de que la mujer decidiera jubilarse en 2001 cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) invalidó las 65 contribuciones mensuales voluntarias que la peticionaria había realizado entre 1989 y 1995 mientras se dedicaba al cuidado de su familia, actividad por la que no recibía ningún salario.
Los expertos consideran en su resolución que las condiciones de afiliación de la mujer en el esquema voluntario de la seguridad social «constituían un trato discriminatorio por razón de género».
Por todo ello, el Comité insta a Ecuador a proporcionar a la afectada todas las prestaciones a las que tenga derecho como parte de su derecho a la jubilación en relación a sus aportaciones al IESS, u otras prestaciones equivalentes que le permitan tener un nivel de vida «adecuado y digno».
Asimismo, solicita a las autoridades ecuatorianas que adopten las medidas legislativas y administrativas necesarias para asegurar que situaciones similares no ocurran en el futuro. «Es injusto y desproporcionado para una persona, que sea desafiliada por no haber podido pagar 6 o más contribuciones mensuales de forma consecutiva. En este caso, la peticionaria realizó un número considerable de contribuciones por muchos años en buena fe», recalcó en un comunicado la presidenta del Comité, Bras Gomes.
Añadió que, «el IESS recibió todas sus aportaciones hasta cuando ella decidió jubilarse, creando una expectativa legítima de que cumplía con los requisitos para la jubilación especial reducida». El Comité de la ONU considera que la situación de la peticionaria se vio agravada «por el hecho de que Ecuador no cuenta con un esquema integral de pensiones por vejez de carácter no contributivo». El caso llegó a la ONU tras haber agotado todas las instancias en su país y debido a que en 2010 Ecuador ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Fuente: eltelegrafo.com.ec
