Todos quienes consideran que sufrieron la vulneración de sus derechos humanos acuden, desde ayer, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar su testimonio y pruebas de lo ocurrido en las protestas del 3 al 13 de octubre en el país.
En reserva y desde las 09:00 de ayer, equipos técnicos de la CIDH recibían a representantes indígenas, policías, productores y exportadores, brigadistas y ciudadanía en general, en un hotel en el norte de Quito.
Acompañado de un paramédico que lo llevaba del brazo, Julio César Toroche, coordinador de las Brigadas Médicas Socorristas de Paz, denunció que perdió el ojo izquierdo y responsabilizó a la Policía.
Daniel Legarda, titular de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, dijo que se vulneró el derecho al trabajo, sufrieron amenazas y no tuvieron derecho a la libre movilidad.
Por los indígenas, Nayra Chalán, vicepresidenta de la Ecuarunari, anunció que la Conaie tendrá una reunión hoy con los comisionados.
En tanto, Alexandra Morales, vicepresidenta de la Feine, dijo que denunciaron que hay unos quince integrantes investigados por paralización de servicios, entre ellos, su presidente Eustaquio Toala. El exdirigente Manuel Chugchilán es investigado por secuestro.
Priscila Pabón, hermana de Paola Pabón, acudió para pedir medidas cautelares y la libertad de la prefecta de Pichincha.
Por la tarde acudió el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien explicó que las denuncias de falta de servicios no es un tema de derechos humanos y ratificó que contabilizan diez muertos por las protestas.
La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, recordó que la próxima semana tendrán el 174.º Periodo de Sesiones y es necesario aclarar los planteamientos que harán, porque no quieren “una confusión de posiciones”.
Ayer, al mediodía, el contralor subrogante, Pablo Celi, realizó una visita de constatación de daños al edificio de la institución –destruido e incendiado en las protestas contra las medidas económicas– con funcionarios del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
Manifestó que hay dos informes del Cuerpo de Bomberos y que el área legal del organismo se encuentra en conversaciones con Seguros La Unión.
Gobierno.
El vicepresidente Otto Sonnenholzner defendió las acciones del Ejecutivo en las manifestaciones. “El Gobierno actuó en derecho, usando armas no letales (…) a pesar de una violencia inusitada que enfrentaron los miembros de la fuerza pública”, dijo. Pidió también que se analicen los derechos de las personas que resultaron afectadas, gente secuestrada o que no pudo ser atendida en hospitales. Otros grupos de comisionados se reunieron con varios ministros, entre los que estuvieron María Paula Romo, de Gobierno; Oswaldo Jarrín, de Defensa; y Juan Fernando Velasco, de Cultura.
