La definición de cifras y la legalidad de futuros endeudamientos del país cayeron en un punto muerto. Un mes y tres días después de que Contraloría emitiera su informe sobre la misma, en la cual hallaba responsabilidades penales del expresidente Rafael Correa y sus ministros; y en el que daba recomendaciones, de obligatorio cumplimiento a la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri; estas no se han cumplido. No se ha derogado el Decreto 1218 ni se han eliminado las resoluciones del Ministerio que declaraban secretas y reservadas ciertas operaciones de la deuda externa.
Así lo comenta Roberto Aspiazu, miembro de la veeduría ciudadana para la deuda. Comentó que la semana pasada se reunieron con el contralor Pablo Celi, quien dio a conocer los “desentendimientos” que se han producido con la ministra sobre el informe. De lo que se conoce, la posición de Viteri ha sido pedir un cambio del informe, lo cual descarta Celi.
Para Aspiazu, la falta de claridad en las cifras y el plan de acción han generado un incremento del riesgo país que no baja ni siquiera con el alza del precio del crudo. El 1 de abril ese indicador estaba en 544 puntos, mientras que para el 9 de mayo llegó a 780 puntos.
Sin certezas sobre el presupuesto ni la deuda, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea tampoco pudo aprobar el informe de la ejecución. Tras la cita con la ministra solo hubo seis votos a favor del informe, cuatro abstenciones y dos negativos, explicó Henry Kronfle, miembro de la mesa.
Las cifras oficiales no están actualizadas: aunque estamos a mediados de mayo, los datos de deuda pública de Finanzas están hasta enero; mientras que el Banco Central publica que hasta febrero la cifra es $ 35.053 millones y equivale al 33,7% del PIB. El porcentaje actual de la deuda agregada está por sobre $ 47.400 millones, es decir, en un poco más del 46%.
El Gobierno tendrá la necesidad de endeudarse en el corto plazo; pero se desconoce la normativa con la cual podría hacerlo. En estos días, Finanzas tuvo una reunión con los gobiernos seccionales que planteaban que se les debe $ 255 millones; de ellos, $ 160 millones son por las acciones de Empresas Eléctricas que les compró el anterior gobierno. Esta deuda se podría pagar con bonos, pero la ministra les indicó que por ahora era imposible, pues no está claro el tema del techo de la deuda. (I)
Acreedores Jubilados
Incentivo
Otro grupo al que se le adeuda es al de los jubilados. De acuerdo con Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados, el Gobierno debe $1.200 millones.
Fuente: eluniverso.com
