Al Gobierno chileno de Sebastián Piñera se le ha ido de las manos el debate de su reforma laboral, una de las transformaciones centrales que pretende llevar adelante. Dos diputadas comunistas –Karol Cariola y Camila Vallejo, exlíderes del movimiento estudiantil de 2011– sorprendieron con la presentación de un proyecto de ley que busca rebajar la jornada de trabajo semanal de 45 a 40 horas. Pese a la oposición del Ejecutivo, de los empresarios y de incluso algunos expertos de centroizquierda, la iniciativa de las congresistas tiene más del 70% de apoyo ciudadano y este lunes será votada en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, un paso fundamental para que siga su curso legislativo. El oficialismo, que parece decidido a parar el proyecto, podría recurrir al Tribunal Constitucional o a un veto del presidente para intentar frenarlo.

“De los países de la OCDE, Chile es uno de los seis donde se trabaja más horas. Disminuir la jornada laboral es un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras”, explica la diputada Cariola. La parlamentaria señala que Chile tiene altas tasas de ausentismo laboral, provocadas en buena parte por enfermedades de salud mental. “Horas libres disponibles para la familia, el deporte, la lectura, la autoformación, el ocio y descanso, traerían consecuencias directas en la calidad de vida y, de paso, beneficiaría al país por el menor gasto en salud”, indica Cariola.

El Gobierno de Piñera, para hacer un contrapeso al popular proyecto de las diputadas comunistas, anunció el 8 de agosto una indicación a su propio proyecto, que promete rebajar de 45 a 41 las horas máximas laborales. Pero, a diferencia de la iniciativa de las parlamentarias, el Ejecutivo se refiere a horas promedio, no horas rígidas semana a semana.

A determinados economistas les parece que ninguno de los dos proyectos beneficiaría a Chile, dado que el país tiene un enorme problema con su sistema de seguridad social, cuya reforma se trata en paralelo en el Congreso. “El proyecto de pensiones, para ser viable, deberá ponerle una carga adicional al mercado laboral. Si a eso le sumamos las rebajas de horas laborales, mi temor es que nos quedemos sin nada”, indicó a T13 Radio el académico Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda del segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018).

Para Andrés Velasco, decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science –exministro de Hacienda del primer gobierno de la socialista (2006-2010)–, sería necesario preguntarse por los efectos en un país como Chile, donde “las tasas de empleo son muy bajas y las tasas de empleo para las mujeres son anormalmente bajas”, según analizó en Diario Financiero. “Esto se propone cuando también se está apuntando a subir la tasa de cotización en cuatro o cinco puntos”.

El costo fiscal del proyecto.

El propio Piñera ha dicho que el de Cariola y Vallejo es un proyecto “inconstitucional”, porque “significa gasto público y un parlamentario no puede generar gasto público”. Su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, indicó que, de aprobarse la iniciativa, se perderían unos 250.000 empleos y que representaría un 11% de aumento en los costos laborales. El presidente de la gremial empresarial Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, agregó que las remuneraciones podrían bajar un 4% y aumentar la informalidad. “Se está perforando la institucionalidad”, señaló el empresario sobre la iniciativa del Congreso, porque a su juicio la política fiscal siempre había estado en manos del Gobierno y no del Parlamento.

Para Cariola, “una parte de nuestra sociedad, lamentablemente, solo se mira el ombligo”. Continúa: “Con este tipo de medidas, los empresarios y algunos sectores de la política ven amenazados sus intereses económicos y no porque vayan a dejar de ganar, sino porque este tipo de iniciativas apunta a distribuir de mejor manera la riqueza y a disminuir en algún grado la desigualdad”, reflexiona la diputada comunista. “Chile es uno de los países más desiguales del mundo y lideramos estadísticas penosas”.

El convenio 47 de la OIT de 1935 –relativo a la reducción de las horas de trabajo a 40 por semana– no ha sido ratificado por todos los países del mundo y tampoco por Chile. En Latinoamérica, solo Ecuador tiene jornadas laborales de 40 horas. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la mayoría de los países de la región está entre las 46 y 48 horas: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay Perú y Uruguay.

La última vez que Chile redujo la jornada laboral fue en 2005, cuando pasó de 48 a 45 horas. “Tuvo positivos efectos en el desarrollo económico, productivo, laboral y por supuesto en la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras”, señala la diputada Cariola. Quien era presidente del país en ese momento, el socialista Ricardo Lagos, recordó que se hizo gradualmente y que en ese tiempo se enfrentaron “a las mismas críticas amenazantes que escuchamos hoy”. “Que aumentaría la cesantía o se reduciría la productividad. Nada de eso sucedió”, escribió el expresidente socialista en Twitter hace algunos días“.

Problemas económicos.

Con Chile enfrentado una caída en lo que va del año de un 5% en el precio del cobre, su principal producto de exportación, la situación económica del país –que difícilmente crecerá el 3% que espera el Gobierno para este 2019–, ha sido otro de los argumentos esbozados por quienes critican el proyecto de Cariola y Vallejo. “Pero el país sigue creciendo y avanzando. El que no se hayan cumplido las expectativas económicas no se puede castigar con la existencia y calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras”, señala la parlamentaria Cariola.

El proyecto resguarda que los salarios no serán reducidos –según indica la diputada– y que las pequeñas y medianas empresas implementen con gradualidad la disminución de jornada laboral, de ser aprobada finalmente. “Chile tiene de los PIB más altos de América Latina, pero el 1% del país concentra el 90% de las riquezas. Es un desafío de la izquierda empujar las transformaciones, pero no solo de la izquierda, sino de la sociedad en su conjunto”, señala Cariola, en referencia a los apoyos que han conseguido desde diferentes sectores, incluso de parte de algunos parlamentarios de derecha. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la oposición a Piñera es mayoría.