Los casos del 30-S se analizan en dos vías: la administrativa y la judicial. En la primera, el Consejo de la Judicatura Transitorio formó la Mesa por la Verdad y la Justicia, en agosto. Ayer 1 de octubre del 2018, tras 37 días de trabajo, Alejandra Cevallos, vocera de la mesa, informó que se presentaron 100 casos de supuesta persecución política relacionados con la revuelta del 30 de septiembre del 2010 (30-S). Pero aún hay plazo hasta el 21 de octubre del 2018 para entregar la documentación en la Judicatura.
Angélica Porras, vocal de la Judicatura, anunció que para garantizar la “imparcialidad en el proceso”, el análisis estará liderado por miembros de la academia y organizaciones de Derechos Humanos. Además, la comisión que analiza estos casos está integrada por tres grupos de trabajo: civiles, policías y militares. Cada uno de ellos se encargará de examinar los acontecimientos. Tras este estudio, los expedientes más relevantes serán llevados a audiencias públicas. Para noviembre, una vez finalizadas las audiencias, se prevé iniciar la construcción de un informe jurídico-técnico que se presentará a la opinión pública.
En ese documento se confirmará en qué casos sí hubo persecución política y se plantearán formas de reparación. El informe tendrá fines: para que los perjudicados tomen medidas administrativas y para que, si es el caso, presenten denuncias en Fiscalía. Se tiene previsto que la construcción de este informe se inicie en noviembre de este año. En la vía legal, el informe de la Mesa servirá como un sustento para que la Asamblea Nacional lo analice el momento que decida si concede o no la amnistía a los policías, militares y policías procesados. De hecho, la semana pasada, el colectivo Víctimas 30S presentó un pedido de amnistía general a Elizabeth Cabezas, presidenta el Legislativo.
Según Cevallos, el informe se utilizará como un exhorto en la Asamblea y, además, los procesados podrán usarlo para plantear el recurso de revisión en la Corte Nacional. Para Porras, hasta el momento la Judicatura no puede pronunciarse sobre cada persona procesada. Esto debido a que “recién se están contando los expedientes y acordando los criterios de análisis”. El organismo informó que también analizará las investigaciones sobre las muertes de los policías Froilán Jiménez y Efrén Calderón Landeta; los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez y el estudiante Juan Pablo Bolaños.
El trabajo de la mesa coincidió con el fallo de la Corte Nacional que libera de culpa al coronel de la Policía José Felipe Cerda, quien fue sentenciado a un año de cárcel por obstrucción de servicios públicos. Ayer, el tribunal penal, conformado por los jueces Iván Saquicela, Daniella Camacho y Sylvia Sánchez, aceptó por unanimidad el recurso de extraordinario de revisión interpuesto por el oficial. Actualmente el uniformado se encuentra en el extranjero como asilado político. Tras la audiencia, Cerda se comunicó vía telefónica con su abogado Rigoberto Ibarra. Le dijo que se sentía emocionado con el fallo judicial y porque “por fin se ha hecho justicia”.
Según el expediente, que consta en la página web de la Función Judicial, Cerda fue investigado desde el 2011. Primero por el delito de sabotaje. En el 2011 y 2012 le archivaron tres veces su caso. Pero dos años después, en el 2014, la Fiscalía ordenó la reapertura del expediente y finalmente fue sentenciado. Durante la fase de juicio, su abogado presentó como pruebas de descargos versiones de otros policías en las que se señalaba que su cliente, durante los acontecimientos del 30 de septiembre, dispuso a los demás policías que no paralizaran sus actividades y que se mantuviera la paz.
El defensor también alegó que la Fiscalía no contó con secuencias fotográficas, videos y audios con los que evidencia a su cliente en actitud violenta o paralizando los servicios. El Colectivo Víctimas 30S se pronunció tras este fallo. En un comunicado denunció que la Comisión del 30S, creada por el expresidente Rafael Correa, intervino para que se reabra la indagación contra Cerda. Hasta el momento, el Colectivo ha presentado a la Judicatura 89 expedientes para que se inicien los sumarios contra fiscales y jueces.
FUENTE: DIARIO EL COMERCIO.
