El registro de llamadas es extenso. Son más de 40 conversaciones que están dentro de la investigación por el caso Danubio. Durante 10 meses, la Fiscalía y la Policía rastrearon una serie de nexos en seis instituciones públicas.
Los agentes tienen informes que indican que una estructura delictiva lideró encuentros y diálogos con funcionarios para ofertar altas sumas de dinero a cambio de puestos de trabajo claves y de jerarquía.
Las alertas de estas ofertas ilegales aparecieron en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Los informes detallan que en un centro comercial de Guayaquil una funcionaria tuvo contacto con uno de los presuntos integrantes de la organización delictiva.
En dicho sitio, el implicado de nombre Juan A. habría ofrecido a la empleada pública USD 3 millones por el puesto de subdirector de operaciones de la entidad.
La Fiscalía ha señalado que los sospechosos querían ese cargo para controlar las importaciones y exportaciones. Pero la Policía tiene más información y nuevas sospechas, que desde ese cargo se maneja también la implementación del nuevo sistema de control de puertos, a través de escáneres.
De hecho, parte de las normativas que deberán seguir las terminales marítimas para ejecutar este proyecto será controlado por esta subdirección. De allí que no se descarta que la idea de captar ese puesto sea financiada por el narcotráfico, para evitar los controles.
No obstante, en las escuchas telefónicas que están en manos de la Fiscalía se indica que un grupo de importadores estaría detrás del financiamiento ilegal.
La directora de la Aduana, Carola Ríos, también dio detalles de las ofertas. La funcionaria, hace dos días, manifestó que conoció a Juan A. en reuniones que mantuvo con delegados de organizaciones sociales cuando empezó su gestión en el año pasado.
Ríos también se habría reunido con Juan José P., otro de los implicados y que también fue consejero del presidente Guillermo Lasso. Las reuniones se habrían dado, porque él era parte de una delegación de importadores bananeros.
No obstante, la funcionaria recalcó que fue ella quien hizo la denuncia de la oferta ilegal por el cargo de subdirector de operaciones.
La Fiscalía y la Policía manejan el caso con sigilo, pues hay otras cinco instituciones en donde hay nexos de oferta de cargos ilegales. En esa lista constan los ministerios de Educación y Agricultura, BanEcuador, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Petroecuador.
A pesar de que estas entidades descartaron estos actos ilícitos, la Fiscalía ya ha pedido información a las unidades de talento humano para constatar cómo se realizaron las contrataciones del último año.
Esta sería la primera investigación por actos de corrupción dentro de la administración del presidente Guillermo Lasso. Por estos hechos hay ocho detenidos, que están siendo procesados por asociación ilícita.
Además, pudiera derivarse otro delito como el tráfico de influencias. Incluso se investigan nexos con otros actos de corrupción vinculados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
De esto conoce la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Su presidente, Fernando Villavicencio, advirtió que un funcionario de la Aduana tendría una presunta relación con una red de importadores que tenían nexos con Xavier Jordán, quien es investigado por una trama de corrupción en los hospitales del Seguro Social.
Según Villavicencio, parte de esos informes los habría enviado a la Directora de la Aduana, quien ha confirmado que los recibió, pero que la Fiscalía tiene la competencia de investigar esos datos. Esta semana próxima se realizarán nuevas pericias.
El proceso judicial
Entre los principales elementos de convicción presentado por la Fiscalía están un informe de vigilancias, seguimientos, filmaciones, grabaciones, fotografías, efectuados con las respectivas autorizaciones judiciales.
Los investigadores también tienen un informe forense de extracción de información de cámaras de seguridad, otro de extracción de información de números telefónicos, la transcripción de conversaciones.
En allanamientos realizados se encontraron computadores, ‘pendrives’, documentación relacionada al presunto delito, hojas de vida de varios ciudadanos y alrededor de 25 000 dólares.
La investigación del caso se inició en septiembre de 2021, con base en un parte elaborado por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra la Eficiencia en la Administración Pública.
