La calificación de la candidatura presidencial del movimiento Justicia Social para las elecciones generales del 7 de febrero estaría abriendo una pugna entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Esto se da después de una sentencia del 30 de octubre, en la que el pleno del TCE resolvió aceptar un recurso subjetivo contencioso electoral de Justicia Social y ratificar su personería jurídica. A la vez, ordenó al Consejo adoptar como reparación integral «todas las medidas administrativas necesarias para que la organización política cuente con el tiempo y los medios adecuados para realizar los actos de democracia interna, inscripción y calificación de candidaturas».
El argumento es que la agrupación estuvo eliminada desde el 16 de septiembre (cuando el CNE dejó sin efecto su inscripción, acogiendo la recomendación de la Contraloría General del Estado) hasta después del 30 de octubre, cuando corrían los plazos para la inscripción de candidaturas políticas, por lo que no había podido realizar sus procesos electorales «dada la falta de certeza».
La sentencia señala que, según el numeral 15 del artículo 269 del Código de la Democracia, los recursos subjetivos no tienen efectos suspensivos sobre las resoluciones del órgano administrativo, por lo que Justicia Social no existía.
Pero el CNE tiene otra postura. El 12 de noviembre resolvieron en su pleno dar trámite a la «continuidad de los procesos de calificación de candidaturas», respecto a las que fueron presentadas de «forma completa y dentro de los plazos del calendario electoral».
Argumentan que el sistema estuvo habilitado desde el 8 de agosto hasta las 18:00 del 7 de octubre para que cumpla con las fases de primarias e inscripción.
En un comunicado divulgado el domingo, el Consejo asegura que sí está cumpliendo las medidas dictadas por el TCE, «reactivando los procesos de calificación que quedaron pendientes, sin que eso signifique la automática inscripción de nuevas candidaturas presentadas o extender los plazos para aquellos procedimientos que no fueron concluidos por responsabilidad de la propia organización, cuando no existía evidencia de ninguna limitación para ingresar en el sistema».
Esta última decisión dejaría por fuera la participación del empresario y político Álvaro Noboa -auspiciado ahora por Justicia Social-, ya que la agrupación no alcanzó a inscribir a sus candidatos.
El 7 de octubre, minutos antes de las 18:00 (cuando cerraba el plazo), pretendieron ingresar los documentos de Carlos Cassanello y Marien Segura como binomio presidencial; y también se conoció que intentaron postular a Noboa, pero el sistema se cerró y no lo lograron. Ello después de que Fabricio Correa y Marcia Yazbec, quienes fueron los primeros escogidos, renunciaron a participar por diferencias internas.
Luego, con la restitución de su personería jurídica, el 7 de noviembre ingresan la documentación de Noboa y Gino Cornejo como su dupla presidencial, pero el CNE resuelve tramitar solo las candidaturas que sí lograron inscribir dentro del calendario electoral.
Sylka Sánchez, vocera del movimiento, dijo ayer que esto es «una cortina de humo» para no inscribir a su precandidato, y anunció que presentaron una acción de queja en contra de los consejeros, para que sean juzgados por presunto ‘desacato’ al cumplimiento de una orden de autoridad competente, como es el TCE.
Hoy harán una concentración en Quito, en los exteriores del Consejo, para exigir que se inscriba a sus precandidatos.
Ahora está en proceso un recurso para que el juez de primera instancia Arturo Cabrera disponga la ejecutoría de la sentencia del 30 de octubre.
Una suerte distinta corre el movimiento Juntos Podemos, porque sus candidatos presidenciales sí se inscribieron dentro de los plazos, pese a estar eliminados.
El grupo político también perdió su personería jurídica el 16 de septiembre. Presentaron un recurso subjetivo electoral que no suspendió la resolución del CNE, pero aún así ingresaron la documentación de Paúl Carrasco y Frank Vargas Anda, como binomio presidencial el 28 de septiembre. Como no existían jurídicamente, fueron inadmitidos.
Una vez que el TCE ratificó su existencia, dispusieron en su fallo que se le «habilite tiempo y trámite para que continúe con los procedimientos previstos en el calendario electoral en igualdad de condiciones».
Así, el CNE los calificó y ayer su candidatura estaba «en firme», convirtiéndose en el 15º binomio presidencial para las elecciones nacionales.
