Tres días después de que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), Michelle Bachelet, emitiera un comunicado respecto a las movilizaciones ocurridas en octubre, el canciller José Valencia respondió oficialmente que el organismo no está reflejando la real dimensión del contexto de violencia y su impacto social.
“El comunicado pone un desmesurado acento en los supuestos excesos de la fuerza pública, mientras muy de paso describe el gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados, o la virulencia de los disturbios, que provocaron terribles efectos”. señaló Valencia a Bachelet.
En el comunicado del 29 de noviembre, la expresidenta de Chile señaló que el uso de gases lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos “y posiblemente algunas de las muertes”, que se deben revisar los protocolos internos de uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren que se ajustan a las normas internacionales.
Bachelet dijo que “algunos manifestantes” también recurrieron a la violencia y pidió a las autoridades que se abstengan de hacer declaraciones o cualquier acción que “estigmatice” a indígenas, extranjeros, periodistas y opositores.
Todos estos criterios fueron rechazados por el canciller Valencia, quien expresó que la fuerza pública actuó de acuerdo con la ley, no usó medios letales y “no se produjeron ni heridos ni muertos por disparos de armas de fuego”.
Respecto a los actos violentos, el canciller añadió que no fueron “algunos” manifestantes que recurrieron a la violencia, fueron centenares los atacantes que actuaron de manera concertada, con tácticas de guerrilla urbana y en grupos coordinados como en el incendio del edificio de la Contraloría.
Valencia calificó de “injusta” la acusación al Gobierno de estigmatizar a indígenas y migrantes, pues se ha restituido la sede a la Conaie y el Programa de Educación Bilingüe, se ha dado amnistía a 48 líderes indígenas apresados en el anterior gobierno y se ha acogido a casi 400 000 ciudadanos venezolanos para regularizar su situación migratoria en colaboración con Naciones Unidas.
Las apreciaciones del comunicado (de la OACDH) son subjetivas, no se ciñen a los hechos y reflejan solo los puntos de vista de la oposición o de entidades cercanas a los violentos”. José Valencia, canciller
Una semana más para el informe del paro nacional.
La Comisión ocasional que analiza los hechos del paro nacional espera aprobar el próximo 10 de diciembre el informe final sobre lo que sucedió del 2 al 13 de octubre.
El presidente de la comisión, Fernando Bustamante (BADI), dijo que el documento es el procesamiento fidedigno de lo que sucedió y se dijo en la mesa.
En el texto borrador se incluye el levantamiento de audios de 74 comparecencias, se anexan los informes elaborados por grupos de derechos humanos, de las entidades estatales oficiales; y las denuncias hechas por la sociedad civil y autoridades del Estado.
El número de los muertos no coinciden entre los organismos. Mientras la Defensoría del Pueblo reporta once fallecidos, en la documentación oficial se refiere a ocho; y las organizaciones de derechos humanos señalan que son ocho, manifestó Burbano.
Aclaró que hay informes extraoficiales, como el de la Organización de Naciones Unidas, que no llegaron a la comisión; por lo tanto, no son parte del documento legislativo.
En las recomendaciones, dijo Héctor Yépez (CREO), uno de los integrantes de la mesa, debe constar que en el proceso de investigación no han recibido ninguna justificación para el uso de la prisión preventiva en el caso de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón (RC).
Si hay culpabilidad o no debe resolverlo la justicia, expresó el legislador.
