Las conflictividades jurídicas persisten en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) y marcarán el inicio de la campaña electoral de este 31 de diciembre, con miras a las elecciones generales del 7 de febrero del 2021.
Pese a que el movimiento político Libertad es Pueblo fue eliminado del Registro de Organizaciones Políticas, hay candidatos inscritos en provincias que están reclamando su participación en los comicios venideros.
Uno de ellos es Galo Lara, candidato inscrito para ser asambleísta por la provincia de Los Ríos por Libertad es Pueblo, quien presentó una acción de queja en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra del director jurídico del Consejo, Enrique Vaca y María Félix, directora nacional de Organizaciones Políticas.
La jueza Patricia Guaicha tramitó el proceso, le pidió que justifique con documentos originales o copias certificadas la calidad en la que comparece, de acuerdo con el artículo 244 del Código de la Democracia, que determina que se consideran sujetos políticos a aquellos que pueden proponer recursos proviniendo de los partidos y movimientos políticos, alianzas y candidatos.
Ella archivó el proceso por cuestiones formales, pero Lara volvió a ingresar la documentación y el recurso fue admitido a trámite ayer, por el juez Ángel Torres.
El 12 de noviembre pasado, el TCE en sentencia de última instancia ratificó la eliminación de la personería jurídica de dicha agrupación; y el 16 de noviembre, la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, pidió al Tribunal que aclare ese fallo y le explique «las acciones a tomar, respecto de las candidaturas que fueron calificadas y se encuentran en firme», ya que el movimiento no existía.
No precisa cuántas candidaturas fueron calificadas «mientras se encontraba en análisis jurisdiccional la personería jurídica».
Pero, el TCE le respondió que «mal podría explicar cómo ese órgano de administración electoral lleve adelante sus funciones», y se ratificó la sentencia de la eliminación de la personería jurídica del movimiento.
Sobre esa base, el CNE empezó a negar recursos de impugnación planteados por candidatos a asambleístas en las Juntas Provinciales Electorales. Por ejemplo, el 23 de diciembre pasado inadmitió dos recursos de dos candidatos en Napo y Azuay. Ayer, inadmitió otro recurso de un candidato en Loja.
El político Galo Lara acudió al TCE para presentar esta queja en contra de los dos funcionarios del CNE, y aunque en los escritos públicos del TCE no se mencionan los hechos, se conoció que sería porque las Juntas Provinciales están negando la calificación de los candidatos por esta tienda política en las provincias.
Aunque el CNE no se ha pronunciado oficialmente sobre este hecho, extraoficialmente se conoció que los candidatos propuestos por Libertad es Pueblo no podrán competir en las elecciones.
A este hecho se suma que hasta ayer el movimiento Justicia Social tenía plazo para impugnar un último fallo del TCE, suscrito por el juez Joaquín Viteri, quien dispuso al Consejo que precise las circunscripciones electorales y las candidaturas sobre las que deben realizar democracia interna, designación de candidatos y aceptación de dichas candidaturas; y, las circunscripciones electorales y dignidades sobre las que pidió calificación de candidaturas.
Ayer, Viteri, en una entrevista en Teleamazonas, explicó su fallo y culpó al CNE de emitir resoluciones que «enredan la situación». Añadió que el organismo debe dar las facilidades y el tiempo necesario para que Justicia Social realice su democracia interna.
«Ellos deben decir en tal provincia, dignidad de elección popular se ha realizado la democracia interna… El Consejo debe cumplir con la sentencia», subrayó el magistrado.
Aclaró que hasta ayer la organización política tenía para apelar su sentencia y que sea el pleno del Tribunal el que se pronuncie; de lo contrario, insistió: «El Consejo Nacional Electoral debe cumplir la sentencia».
«Esto no es un problema del Tribunal, sino del Consejo. Le exigimos que cumpla la sentencia. Y eso no tiene una vinculación con la candidatura de cualquier persona», aseguró Viteri.
En tanto, mañana empieza la campaña electoral y el Consejo no logra cerrar la calificación de candidatos para las elecciones.
Por ejemplo, al mismo movimiento Justicia Social se le otorgaron 48 horas para que subsane los candidatos para parlamentarios andinos porque incumplieron con requisitos como el plan de trabajo o la aceptación de la postulación.
