Por primera vez desde el aterrizaje del fenómeno Evo Morales en la política boliviana, a principios de la década de 2000, las encuestas indican que el hoy presidente puede ser derrotado en las elecciones de octubre del año que viene. Las cifras indican que más de la mitad de los bolivianos se opone a él. Sin embargo, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales continúa siendo la principal fuerza política del país sudamericano y la oposición sigue dividida en siete frentes distintos, lo que mantiene la incertidumbre sobre quién gobernará el país a partir de 2020.

El MAS se juega el todo por el todo en la cita de octubre, en la que pondrá toda la carne en el asador para impedir el segundo turno. Según la legislación del país, para ello debe superar por más de 10 puntos porcentuales al segundo candidato más votado. El expresidente Mesa, por su parte, apuesta por forzar a Morales a una «carrera entre dos hombres» en la que sus opciones crecerían con fuerza. Su principal obstáculo es la presencia de varios otros competidores contrarios a Morales. El principal de ellos es el senador Óscar Ortiz, que lidera las preferencias en Santa Cruz, el gran bastión del conservadurismo boliviano.

Oposición fragmentada.

La posibilidad de formar una candidatura única entre Mesa y Ortiz se negoció en un primer momento. Pero esta opción naufragó por la decisión del primero de concurrir a los comicios con un perfil «ciudadano». Los estrategas de Mesa creen que, de este modo, su candidato podrá enarbolar la bandera de la «renovación», muy importantes para amplios sectores del electorado, en especial los jóvenes, que explican una parte del rechazo al presidente tras 12 años en el poder.

Morales optará en octubre por su cuarta reelección. Para poder concurrir, tuvo que modificar la Constitución por medio de una serie de procedimientos legales que han sido puestos en tela de juicio dentro y fuera de Bolivia. Los sondeos indican, precisamente, que lo que más objeta la gente a Morales es su deseo de permanecer indefinidamente en el poder. Un designio continuista que en los últimos años ha contribuido a tornar el humor del país del optimismo al pesimismo, a pesar del buen desempeño de la economía. El país andino pasó la Navidad con unas 100 personas en huelga de hambre, protestando por la inscripción de su presidente para las elecciones de 2019, que la oposición considera ilegal.

Las presiones cruzadas para que esta inscripción se realizara o se impidiera provocaron una severa crisis en el Tribunal Electoral, elegido hace tres años por el oficialismo tras dar ciertas garantías de independencia al resto del arco político. La presidenta del órgano renunció por las pugnas y fue sustituida por otra mujer, María Eugenia Choque, que se considera más cercana al Gobierno.

Los opositores también se han quejado por el supuesto uso de los recursos del erario público en la campaña de Morales. La televisión y las radios del Estado hacen abiertamente propaganda a favor del presidente, y este llega a remotas localidades bolivianas en el avión y el helicóptero presidencial, algo que le pone en ventaja frente a sus competidores. El Ejecutivo, por su parte, asegura que se limita a difundir los «grandes logros» de la gestión y que el presidente debe estar en los pueblos inaugurando las «muchas obras» que ha realizado.