El 2014 estaba por terminarse y el aeropuerto de San Cristóbal, en Galápagos, fue entregado luego de ser sometido a una remodelación que costó USD 7,5 millones. Se amplió el edificio principal, se levantó un nuevo bloque técnico de 300 m², se abrió una vía de acceso al sitio, se remodeló el hangar de servicios contra incendios y se trabajó en la iluminación nocturna.
Así ha permanecido hasta el momento. Ahora que el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, anunció que esa pista será utilizada para el combate al narcotráfico e ilícitos como la pesca ilegal, se quiere “mejorar las condiciones para operar especialmente en las noches”. La intención es que pueda trabajar las 24 horas y reciba a dos aviones estadounidenses: el Orión P3 y el Awac, destinados a combatir a grupos criminales que operan en el mar. Un poco después de las 09:00, el Gobierno emitió un comunicado y aclaró que la operación de esas aeronaves no implica que se instale una base militar ocupada por personal de Estados Unidos.
Dos horas antes, el ministro Jarrín aseguró que los aviones podrían ocupar la pista solo una vez cada mes y que cada visita duraría de dos a tres días. Según las autoridades, la utilización de la pista se produciría únicamente en casos de que existiesen emergencias o para el reabastecimiento de combustible. Ampliar Oswaldo Jarrín (der), ministro de Defensa, anunció que la pista del aeropuerto de San Cristobal será utilizada para el combate al narcotráfico e ilícitos como la pesca ilegal.
Oswaldo Jarrín (der), ministro de Defensa, anunció que la pista del aeropuerto de San Cristobal será utilizada para el combate al narcotráfico e ilícitos como la pesca ilegal. Foto: API
Actualmente, en el aeropuerto de San Cristóbal ya operan un avión Caza para exploración aeromarítima y un helicóptero destinado a evacuaciones aeromédicas. Las instalaciones están administradas por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Su titular, Anyelo Acosta, advirtió que las tareas que se realizarán “simplemente son una colaboración para el control del mar territorial”. Una vez que entren a operar las aeronaves desde Galápagos, la idea del Gobierno es crear el denominado “triángulo de seguridad”, que lo conforman Manta y Guayaquil. Eso ocurre porque en este momento el Orión P3 y el Awac ya vuelan desde el Puerto Principal y también lo pueden hacer desde la capital manabita. “No hay ni habrá bases militares extranjeras en el país”, aseguró el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. “Preservamos con celo las Islas Galápagos.
La vigilancia aérea es una actividad conjunta entre varios países para cuidar este patrimonio mundial. La paz, la soberanía y la seguridad nacional son nuestro legado”, aseveró Moreno en su cuenta de Twitter y publicó un comunicado. En ese texto reza que “se ha determinado, por parte del Gobierno, la cooperación con los EE.UU. con fines exclusivos de mejoramiento de la pista del aeropuerto de San Cristóbal y permitir el reabastecimiento de combustibles para dos aeronaves de monitoreo de actividades ilegales de la extensa reserva marina, a fin de precautelar la soberanía nacional frente a esas amenazas”. “La cooperación será ampliada, junto con los Gobiernos de Perú, Chile y Colombia, para tener una postura regional frente a este tipo de amenazas, dentro de sus respectivas jurisdicciones”, dice en el comunicado, en el cual también se menciona que el presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Norman Wray, recalca que además de la amenaza del narcotráfico, están otras actividades ilegales que afectan al Ecuador como “la pesca ilegal o la presión sobre nuestros recursos por parte de flotas pesqueras extranjeras”.
No hay ni habrá bases militares extranjeras en el país. Preservamos con celo las Islas Galápagos. La vigilancia aérea es una actividad conjunta entre varios países para cuidar este patrimonio mundial. ¡La paz, la soberanía y la seguridad nacional son nuestro legado! pic.twitter.com/rzuJ2M3Wej
— Lenín Moreno (@Lenin) June 18, 2019
Datos oficiales muestran que las mafias del narcotráfico usan corredores clandestinos en el norte y sur de Galápagos, para tomar rutas hacia Centroamérica y a Estados Unidos. Otras investigaciones aseguran que los narcos salen en lanchas desde Manabí o Esmeraldas y llegan hasta el sureste marítimo de las Islas. Esta ruta es usada para evadir a los guardacostas que patrullan en el lado norte del Ecuador. Las embarcaciones, que salen desde Esmeraldas, bajan hasta Manabí y van a Galápagos. La travesía tarda cuatro días. Cerca de las Islas, los tripulantes son auxiliados por pescadores, quienes les proveen de combustible necesario para llegar a Centroamérica. En ese punto dejan la droga, que es retirada por gente de Honduras y Guatemala, quienes llevan las cargas a México.
El pasado 22 de octubre, la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos (UIAN) ejecutó el operativo Lady Mar. Los narcos llevaban 1,6 toneladas de cocaína. Para esa incursión policial, los agentes coordinaron con la Dirnea y con guardacostas estadounidenses. La organización narcodelictiva escondió bloques de alcaloide en 8 embarcaciones pesqueras. Los pequeños barcos de fibra de vidrio eran remolcados por un buque pesquero. Eso despertó la alerta de los agentes investigadores. 31 pescadores fueron detenidos. La droga se llevó directamente hacia Estados Unidos. El operativo contó con el soporte del avión Orión P3. En el 2016, este Diario ya reveló que las islas Galápagos se han posicionado como un punto estratégico de las mafias. Para entonces, la Organización Mundial de Aduanas revelaba lo difícil que es el control “total y efectivo” del espacio acuático y que solo se logra inspeccionar el 2% de los contenedores que circulan vía marítima, a escala global.
Juan Carlos Barragán conoce cómo operan las mafias. Él fue general de la Policía y manejó la Dirección Nacional Antidrogas. Este martes 18 de junio del 2019 dijo que las tareas que se ejecuten desde San Cristóbal permitirán combatir el crimen, la delincuencia y a los carteles. “Es una fortaleza para el país, para el mundo, para Estados Unidos. Es decir, todos ganamos”. El coordinador de Inredh (DD.HH), Luis Ángel Saavedra, en cambio, aseguró que la política antidroga debe estar pensada desde el tema del consumo y no solo desde lo militar.
