La reciente presentación de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación han generado reacciones en asambleístas y exfuncionarios, puesto que las atribuciones de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), ente que se eliminaría cuando la norma pase al Registro Oficial, pasarían a la Defensoría del Pueblo o al Cordicom.
Dichas atribuciones abarcan las afectaciones que los medios de comunicación provoquen en ciudadanos, instituciones y colectivos con la difusión de contenidos. Además, podrá solicitar el juzgamiento y la sanción ante las autoridades, esto es, que un juez podrá establecer multas y demás penalidades.
Así lo establece la segunda Disposición Transitoria donde en un plazo máximo improrrogable de 180 días desde la publicación de la ley, los derechos y obligaciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación pasan inmediatamete a la Defensoría del Pueblo o al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.
El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, explicó en una entrevista que la Defensoría del Pueblo no tendrá las funciones de la Supercom sino que ejercerá su rol en favor de los derechos humanos.
Al respecto, el asambleísta Héctor Yépez considera que la Ley de Comunicación «armó al Estado con una espada de Damocles contra la libertad de expresión. Hoy debemos eliminar esa espada, no tan solo cambiar la institución que la empuña».
Lo ideal es reemplazar la actual Ley de Comunicación por una nueva que defienda la libertad de expresión, ha expresado Yépez en entrevistas públicas.
Para el asambleísta por Pachakutik, Elio Peña, se debería crear otro organismo y que las tareas no pasen a los ya existentes. «Debe haber un organismo de control y regulación, no podemos dejar al libre albedrío la administración y la práctica de la comunicación social”, dijo.
Sugiere un organismo conformado por diferentes actores sociales como representantes de medios de comunicación, de la academia, organizaciones sociales.
Fuente: eluniverso.com
