Después de seis años y medio de permanecer refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, el ‘hacker’ australiano Julian Assange debe asumir sus gastos de manutención desde el 1 de diciembre.
La representación diplomática solo continuará pagando, a partir de este sábado, las facturas de servicios básicos del inmueble: arriendo, electricidad, agua potable, calefacción y el servicio de comunicaciones por wifi o Internet inalámbrico, de los que él también se beneficia. El protocolo que la Cancillería dispuso para la permanencia de Assange precisa que “en vista de recortes presupuestarios, la Embajada no podrá pagar ningún gasto de alimentación, cuidados médicos, lavandería” y otros rubros relacionados con el huésped.
La situación económica del fundador de Wikileaks y si este portal le genera algún ingreso es algo que las autoridades desconocen, pero el canciller, José Valencia, insistió en que él deberá cubrir sus gastos personales en la Embajada. Si en algún momento Assange aduce que no puede pagar por su alimentación, Valencia mencionó que el Estado ecuatoriano asumirá ese rubro de manera humanitaria.
Lo que no variarán serán las medidas de seguridad de las que goza. En la representación diplomática también se han dado cambios de personal, luego de que en octubre se estableciera el “protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica” para Assange. El más reciente se concretó el jueves pasado, cuando el presidente, Lenín Moreno, a través de un Decreto Ejecutivo, dio por terminadas las funciones que desde junio del 2015 desempeñaba el diplomático Carlos Abad como embajador en Londres.
En el escrito no se precisaron las razones por las cuales se tomó esa decisión, pero Valencia sostuvo que eso responde a una renovación del personal en el servicio exterior y descartó que la decisión esté vinculada al caso Assange.
En el último año, Abad ha estado inmerso en las conversaciones con Reino Unido para tratar de resolver la situación del activista australiano mediante un acuerdo, mas las gestiones no dieron resultado por la negativa de Londres a dejarle abandonar el país con un salvoconducto sin detenerlo. “Parecería ser que todas las personas que tuvieron que ver con el desarrollo y la concesión del asilo han ido saliendo de manera muy sistemática y van cambiando por otro tipo de personajes”, comentó Carlos Poveda, quien forma parte del equipo de abogados de Julian Assange.
Poveda espera que esta semana la Corte de Justicia de Pichincha realice el sorteo de la sala que se encargará de tramitar la apelación que presentaron a la decisión de una jueza de negar, el 29 de octubre, la acción de protección con la que buscaban que se suspendiera la aplicación del protocolo.
El canciller Valencia insistió en que ese documento se definió “sobre normas básicas de convivencia que hay en cualquier oficina”, donde las personas tienen que respetarse entre ellas, y también se apega a las convenciones internacionales en materia de asilo diplomático.
Poveda sostuvo que no se oponen a que se establezcan reglas de convivencia, sino a la “amenaza” que supone ese documento para la terminación del asilo que le fue concedido en 2012 por el gobierno del expresidente Rafael Correa.
A su juicio, Assange corre un riesgo “inminente” de ser extraditado a Estados Unidos, país del cual el fundador de WikiLeaks divulgó en su momento comunicaciones secretas. Se basa en que hace unos días, la prensa de ese país dio a conocer que un juez, por error, divulgó que se pretende abrir un proceso contra Assange. “La formulación de cargos que se daría en Virginia nutre y fortalece, y da la razón al asilo concedido”, señaló Poveda.
El canciller Valencia no se ha pronunciado públicamente sobre este asunto. El exembajador Juan Carlos Faiduti, sin embargo, cree que esto no cambia el escenario del caso, pues Gran Bretaña se ha comprometido a no dar paso a que él sea extraditado a un país donde su vida esté en riesgo, y estos procesos son largos. Assange era requerido desde 2010 por las autoridades suecas debido a las acusaciones de dos mujeres por violación, que él niega.
Suecia archivó la causa al no poder avanzar en la investigación judicial. Ahora tiene pendiente enfrentar a la justicia británica por violación de las medidas cautelares que tenía antes de refugiarse en la Embajada.
