ASAMBLEA NACIONAL CONCEDIÓ AMNISTÍA A 20 LÍDERES Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DEL CAÑAR PROCESADOS DESDE EL 2015 POR SECUESTRO Y EXTORSIÓN.

La Asamblea Nacional con 112 votos concedió la amnistía a 20 líderes y miembros de la Comunidad de San Pedro del Cañar, procesados desde el 2015 por secuestro y extorsión, por aplicar la justicia indígena.

Resuelta la amnistía, no podrán ejercer acciones penales por hechos investigados en los procesos motivo de esta amnistía. En estos procesos iniciados se extingue la pena impuesta y se dispone el archivo de los procesos penales; así como, la inmediata excarcelación en caso de las personas privadas de la libertad, la revocatoria de órdenes de captura y, la extinción de cualquier medida cautelar real o personal y pena alternativa a la prisión.

La legislatura reinstaló, este 30 de julio, la sesión 678 para conocer y debatir el informe donde se describe que los 20 líderes integraban el consejo de justicia indígena de la Comunidad de San Pedro del Cañar, fueron judicializados tras aplicar la justicia de acuerdo a la cosmovisión indígena en casos de cuatrerismo, abigeato, coyoterismo e incluso temas de pandillas.

Sergio Paucar, líder de la comunidad ante la Asamblea narró que desde el 2013 al 2015 ejerció el cargo de secretario de la justicia indígena de 25 comunidades de la provincia del Cañar, y que fue criminazado por la justicia ordinaria y que lo perdió todo e incluso sus hijos abandonaron la escuela, porque tuvo que entrar a la cárcel.

La persecución contra los dirigentes según los hechos empezó en 2015, cuando el Consejo de Justicia Indígena colaboró y algunos de ellos acudieron en buses y camionetas hacia la ciudad de Quito a las movilizaciones de agosto de ese año a apoyar a sus líderes. A partir de eso se reactivaron procesos en la justicia ordinaria en contra los miembros del consejo.

El presidente del Consejo de Justicia Indígena, José Sarmiento Jiménez, enfrentó 25 denuncias en su contra, pero fue sentenciado en tres casos; el primero, por daño al bien ajeno recibió cinco meses de cárcel y dos por secuestro sentenciado a cinco años cada uno.

Ayer, Sarmiento se conectó vía telemática para describir su caso y pedir a los legisladores la amnistía. Se presentó con una chompa verde, lo cual fue cuestionado por el asambleísta ponente del proyecto de amnistía, José Serrano (AP), pues dijo que eso lo hacen las autoridades del Centro de Rehabilitación para evitar la imagen del uniforme tomate que esta hecho para los delincuentes, para quienes asesinan y roban los recursos de los ecuatorianos, y no para quienes defienden su pueblo y los derechos de los ciudadanos frente al abijeato, la estafa y el tráfico ilegal de migrantes.

Serrano defendió el informe de la Comisión de Justicia y afirmó que en el caso de los líderes del Cañar, fueron vulnerados sus derechos bajo el argumento del cometimiento de delitos comunes como el secuestro y el secuestro extorsivo, y daño al bien ajeno fueron procesados y muchos de ellos sentenciados y a través de procesos judiciales en su contra la única finalidad de desconocer e incumplir decisiones legítimas y definitivas adoptadas dentro del ejercicio jurisdiccionales con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio.

La Asamblea no puede seguir desconociendo que somos un país con un pluralismo jurídico con una identidad como Nación con pueblos y nacionalidades que unen al pueblo mestizo, es así que la justicia indígena no constituye un invento incorporado a la Constitución de 2008, es el reconocimiento del derecho y las prácticas ancestrales válidas de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

Serrano invitó al pleno a dar un paso histórico y de evolución concediendo la amnistía; “no podemos seguir viendo de tomate a dirigentes indígenas que defendieron a su pueblo, que defendieron a sus comunidades; no podemos hacer de oídos sordos de las responsabilidades que tenemos como Estado frente al cumplimiento y observancia del derecho internacional”, anotó.

Con la moción aprobada se extingue de las penas y el archivo de los procesos penales en su contra; se ordena la excarcelación inmediata para quienes se encuentran privados de la libertad; se dispone la revocatoria de las órdenes de captura; y, la extinción de cualquier medida cautelar real o personal o penal alternativa a la prisión que se haya emitido.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *