Una vez han transcurrido 109 de los 120 días de la instrucción fiscal por el secuestro del político Fernando Balda, en Colombia, para la acusación particular hay indicios para que se inicie una investigación del por qué el caso no se movió en Ecuador entre abril del 2013, que llegó la denuncia a la Fiscalía, y enero del 2018, que se pidió reconocer la firma en la denuncia.
Balda cree necesario establecer quién en Fiscalía quiso que el caso no salga a la luz, quién fuera de ella presionó para ello o quién se benefició de que la investigación no avance.
Él presentó su denuncia cuando era fiscal general Galo Chiriboga.
El martes último, la parte acusadora dijo haber obtenido elementos para hablar con certeza de que el proceso de investigación se detuvo con el fin de proteger a funcionarios del anterior gobierno. La versión de Andrés Terán, director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía en el periodo de Chiriboga, les habría dado luces.
Según Balda, Terán habría dicho y presentado un documento que revelaría que fue Chiriboga quien le dio órdenes de parar cualquier tema que tenga que ver con su secuestro. “Chiriboga se prestó para ser cómplice del delito de secuestro, para proteger a Rafael Correa y al resto de involucrados. Ese es un delito grave”, Balda asegura que el exfiscal debería ser investigado por fraude procesal o tráfico de influencias.
El 21 de junio pasado, diez días antes de Terán, Chiriboga dijo en su versión que fue la Fiscalía Provincial de Pichincha la que recibió y tramitó la denuncia. “Sobre las actuaciones procesales que se han dado en este expediente son hechos que no han sido conocidos por el fiscal general del Estado, habida cuenta de que a esas fechas no hubo ninguna persona imputada o sospechosa que tenga fuero de Corte Nacional”.
Y sostiene que una sumilla de Andrés Terán en la que dice que él señala que ciertos trámites de Asistencia Penal Internacional (API) en el caso Balda están pendientes hasta nueva orden, se refiere a que deben estar así hasta que se cumpla con las normas dispuestas relativas a que tales API deben ser suscritas por el fiscal operativo. “Que se mantenga en suspenso es diferente a que no se haga hasta que el fiscal operativo suscriba. (…) Las asistencias que estamos cuestionando se me querían hacer firmar a mí como fiscal general cuando eso no me corresponde”.
La defensa de Balda, Felipe Rodríguez, indica que el fiscal general (encargado), Paúl Pérez, tendría que investigar este hecho porque habría un delito contra la actividad judicial. Reconoce que en este caso ellos no podrían ser acusadores particulares y queda este como un tema de Fiscalía contra un exfiscal.
Caso Balda
El abogado de Fernando Balda asegura que las versiones que se siguen recogiendo dentro del caso de secuestro sirven para que la Fiscalía acumule elementos para abrir investigaciones a otros delitos, como peculado.
Fuente: eluniverso.com
