Amnistía Internacional denunció el lunes la interferencia del gobierno ecuatoriano en el proceso judicial contra el informático sueco Ola Bini, acusado en Ecuador de piratería de sistemas digitales públicos y privados.
En un comunicado la organización dijo que “observa con preocupación que altas autoridades del gobierno hayan expuesto una teoría del caso y hayan afirmado la responsabilidad penal de Bini de manera pública sin que mediara un juicio justo, lo cual influyó en su detención y el proceso penal en su contra”.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y otras autoridades acusaron a Bini de conspirar contra el gobierno y de piratería informática. Entre los elementos que dispararon la alerta del gobierno destaca el hecho de que Bini visitó en 12 ocasiones al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, durante su asilo de siete años en la embajada ecuatoriana en Londres y que coincidió en muchos viajes internacionales con el excanciller ecuatoriano y opositor Ricardo Patiño, actualmente prófugo de la justicia.
Este caso muestra “una grave contradicción en el sistema penal ecuatoriano. Con frecuencia, los ataques contra personas defensoras de derechos humanos permanecen impunes, mientras que las acusaciones infundadas contra ellas sí son investigadas inmediatamente”, dijo Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.
El 11 de abril Bini fue detenido en el aeropuerto de Quito y liberado 71 días después gracias a un recurso de habeas corpus. Bini ha negado cualquier acto ilícito y ha dicho que está dispuesto a colaborar con la justicia.
