ALIAS ‘CUBANO’ FUE DEGOLLADO EN LA CÁRCEL REGIONAL DE GUAYAQUIL.

Una nueva balacera se registró la tarde de este martes 11 de junio de 2019 en el Centro de Privación de Libertad de la Zona 8, conocido como la cárcel Regional de Guayaquil.

Según un parte preliminar de la Policía, existen agentes secuestrados y un interno fue asesinado. El hecho habría ocurrido en el área de máxima seguridad. Al parecer, un grupo de presos arrebató las armas a dos agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), división que se encarga del control dentro de este centro. Los policías estarían secuestrados. En videos captados por internos se escuchan varias detonaciones, mientras otros presos salen a prisa de uno de los pabellones.

El fallecido sería Humberto Poveda, conocido por el alias de ‘Cubano’. La ministra del Interior, María Paula Romo, informó que personal del Sistema Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad se trasladó al centro para verificar este hecho violento. En relación al ataque a alias ‘Cubano’, Romo indicó que en estos días había recibido una medida de un juez que pedía trasladarlo del pabellón de máxima seguridad al de mínima seguridad.

“Esto a pesar de haber sido identificado por Inteligencia penitenciaria como una de las personas que debía estar en transitoria especial”, dijo la tarde de este martes, durante una sesión del Gabinete de Seguridad en Guayaquil.

La Policía envió ese reporte al Director de la cárcel. Durante la reunión de este martes, la Ministra dijo que se resolvió dirigir una comunicación al Consejo de la Judicatura para que los jueces respeten las medidas que se están tomando con la declaratoria de emergencia. Este es el segundo incidente que se reporta en este 2019 en el centro regional.

El pasado 15 de abril de 2019, otra balacera dejó dos fallecidos y siete heridos. Fue en la sección de mediana seguridad. Estos hechos violentos también se han reportado en la Penitenciaría del Litoral, un centro contiguo donde el pasado 30 de mayo murieron seis presos. El Gobierno decretó el estado de excepción para el sistema de rehabilitación social del país, con cerca de 38 000 personas. La Policía y las Fuerzas Armadas están a cargo del control.


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