Una vez que se ha ejecutoriado la sentencia del denominado caso Sobornos 2012-2016 y desde el miércoles último el Tribunal de Juzgamiento o de origen inició con la ejecución, empiezan a correr los 20 días laborables que tienen los procesados para interponer ante la Corte Constitucional (CC) sus pedidos de acción extraordinaria de protección.
El recurso no impide la ejecutoria de la sentencia y es una garantía jurisdiccional que los ciudadanos pueden ejercer ante la CC cuando consideran que sus derechos fundamentales han sido violados por acción u omisión o que no se ha cumplido el debido proceso en sentencias en firme o ejecutoriadas.
Las defensas del exmandatario Rafael Correa y Jorge Glas, ambos sentenciados a ocho años de cárcel como autores mediatos por instigación del delito de cohecho pasivo agravado, han anunciado su intención de acudir a esta acción constitucional, pues aseguran que no solo en la sentencia sino a lo largo del proceso se han violentado derechos constitucionales de sus clientes.
También harían uso de este recurso constitucional sentenciados en calidad de autores directos como los empresarios Teodoro Calle, Ramiro Galarza, Rafael Córdova, Alberto Hidalgo, y exfuncionarios públicos a quienes en dos instancias se les ubicó como coautores y se les sentenció a ocho años de prisión, tales como Walter Solís, Christian Viteri o Viviana Bonilla.
Según el artículo 94 de la Constitución, la acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la CC. La norma define que el recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal.
Una de las primeras acciones ordenadas por el Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos, presidido por el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Iván León, fue disponer que se cursen oficios a la Comandancia de la Policía y a la Policía Judicial para que se proceda a la localización y captura de 18 de los 20 sentenciados. La misma tarde del miércoles ya se entregó esa notificación a la Policía.
En la providencia notificada cerca de las 13:00 del miércoles último, se ordena que inmediatamente se traslade al ex secretario jurídico de Rafael Correa, Alexis Mera, quien se encontraba con arresto domiciliario en su vivienda en Guayaquil, como parte de la medida cautelar, hasta el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional de Cotopaxi, en Latacunga, lugar en el que está Glas cumpliendo una pena de seis años por el delito de asociación ilícita Odebrecht.
Así, a las 11:07 del jueves, Mera fue llevado primero a la Policía Judicial para la valoración médica. Dijo ser un perseguido político: «No he robado un centavo, no he cogido dinero de nadie, solo me voy preso por mis ideas. Soy un preso de conciencia de una justicia corrupta que me está persiguiendo». Dos horas después salió de la PJ con casco y chaleco antibalas, y fue llevado por tierra hasta Latacunga.
Cinco sentenciados estarían en Quito, dos en Guayaquil y ocho en el exterior
En el radar de la Policía en lo interno están además cinco empresarios en Quito: Édgar Salas (72), Víctor Fontana (67), Ramiro Galarza (48), Teodoro Calle (55) y Bolívar Sánchez (68), y dos en Guayaquil: Alberto Hidalgo (53) y Pedro Verduga, de 82 años, quien se encuentra hospitalizado. Del empresario Sánchez se habría recibido información en las últimas horas de que estaría en Perú.
La defensa de Galarza, Segundo García, explicó que la tarde de este jueves tendría a los dos meses una reunión vía Zoom con su cliente del cual no sabe si está o no en el país.
Es público que en el país no están Correa, quien desde 2017 vive en Bélgica; los exministros Vinicio Alvarado (Venezuela) y Walter Solís (Estados Unidos), el empresario Rafael Córdova (Holanda), William Phillips (Estados Unidos) y Mateo Choi (Corea del Sur). Del exasambleísta Christian Viteri se sabe que salió del país, pero no se conoce su ubicación, al igual que la legisladora Viviana Bonilla.
Contra todos los que están fuera del país, la CNJ debe completar los procesos para que la Policía proceda a canalizar los pedidos y a realizar las coordinaciones con la Oficina Central Nacional de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés), para que gestione y proceda a solicitar los movimientos migratorios a los posibles países que ingresaron y a la solicitud de notificación roja para ubicación y detención de los requeridos en la sentencia.
En cuanto a las notificaciones rojas que Interpol pueda emitir o mantener en esta causa, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, espera que la sentencia ejecutoriada sea un insumo que dé mayor peso jurídico para que el organismo internacional no solo las emita, por ejemplo en el caso de Correa, sino que se las mantenga en otros como el de Solís.
Sobre la situación de María Duarte, Romo dijo que de ninguna manera el Estado ecuatoriano piensa autorizar la salida de la exministra del correísmo de la Embajada argentina, es decir, aseguró que si se llega a solicitar un salvoconducto, de ninguna manera el mismo será concedido. «Nos parece que es un abuso de esta figura del asilo que una persona que tiene una sentencia penal ejecutoriada condenatoria pretenda beneficiarse de una figura que tiene un objetivo distinto».
Al menos tres empresarios anuncian que pagarán la reparación económica impuesta en la sentencia.
Pablo Encalada, abogado del empresario Rafael Córdova, reconoció que su cliente está fuera del país, pero que aun así cancelará la reparación integral de $778 000 que se le dispuso como autor directo. Aunque quiere llegar a un acuerdo de pago con la justicia, pues no cuenta con la totalidad de esa suma.
Mientras que Paúl Ocaña, abogado de Teodoro Calle, aseguró que su defendido pagará la reparación integral dispuesta, pero no se entregará, pues presentarán un recurso de revisión con prueba nueva en la Corte Nacional de Justicia.
El empresario Pedro Verduga Cevallos, de 82 años de edad, también anunció la semana pasada por escrito a la Corte Nacional que se presentaría «voluntariamente a cumplir la pena» de ocho años que se le impuso en calidad de autor directo, aunque la considera injusta y está asilado en un hospital de Guayaquil. También indicó que pagará lo dispuesto económicamente y que no esconderá sus bienes.
