«Somos inocentes y la Fiscalía ha tenido que reformular cargos porque en estos más de 70 días de instrucción fiscal no han podido demostrar la existencia de un grupo armado. (…) siempre nuestras acciones y planteamientos estuvieron enmarcados absolutamente en lo que es la Constitución. Nuestros planteamientos pueden no haberle gustado al poder, a la Fiscalía, pero siempre estuvieron enmarcados en lo que señala la Constitución y las leyes del país».
Así se refirió este miércoles el exasambleísta y dirigente de la Revolución Ciudadana (RC), Virgilio Hernández, una vez él, junto al también dirigente de la RC y procesado por el delito de rebelión, Christian C., dejó la Cárcel 4 en la que permanecía debido a una orden de prisión preventiva ordenada inicialmente por el juez Julio Arrieta.
La noche del martes, a Hernández, Christian G. y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, se les revocó la orden de prisión preventiva y en su lugar la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Patlova Guerra, resolvió ordenarles la presentación periódica de todos cada lunes y el uso del grillete electrónico.
Hernández sostiene que es falso cualquier indicio que pretenda vincularlos con acciones de movimientos armados o con acciones violentas y cree que Fiscalía tendrá que demostra todas las acusaciones que ha expuesto.
Por otra parte, Fausto Jarrín, abogado del procesado Christian G., cree que en este proceso por rebelión puede estar la verdad que el Ecuador está buscando y esperando: » saber realmente quiénes cometieron hechos vandálicos y quiénes fueron protagonistas de violencia».
«Los partes policiales, los informes de las Fiscalías distritales, los informes de los medios de comunicación que la Fiscalía Provincial de Pichincha solicitó y que están en el expediente lo que han demostrado es quienes estaban encabezando las tomas de las vías, de la Asamblea, quienes fueron parte de la toma de la Contraloría, quienes estuvieron en las tomas de las Gobernaciones, ninguna de esas personas está procesada, ha estado detenida y ninguna de esas personas están investigadas», afirmó.
Jarrín anunció que ellos van a impulsar para que en este mismo proceso se investigue la verdad de los que ocurrió en octubre, pues afirma que conocer la verdad les interesa a ellos más que al régimen o que a la propia Fiscalía.
Christian G. mencionó que ellos seguirán defendiéndose, argumentando y haciendo los señalamientos que correspondan y sobre todo seguirán colaborando con las autoridades para la investigación.
Tanto Hernández, Christian G. como la prefecta Pabón se colocaron el miércoles los dispositivos de vigilancia y rastreo (grilletes electrónicos). Desde este lunes los tres deberán presentarse cada ocho días en el despacho del fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán.
