El 90 % de las empresas públicas del país no tiene estados financieros auditados y en la gran mayoría no son autosustentables. El Gobierno ha tenido que entregar a trece empresas, desde el 2018, unos $ 625 millones para su funcionamiento, mientras que las pérdidas de los últimos cuatro años de las empresas públicas del Ejecutivo ascienden a $ 322 millones.
Estos son algunos de los hallazgos que se han hecho por parte del Gobierno al analizar, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la gestión y operación de las empresas públicas del Ecuador.
Estos problemas y cómo enfrentarlos fueron los temas de un conversatorio sobre la gestión de las empresas públicas, que contó con la participación de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Asamblea, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Sobre el tema, el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, reiteró que entre las empresas petroleras y no petroleras se generaron $ 19.000 millones de ingresos en 2019 (18 % del PIB). Estos dineros se distribuyen de manera ineficiente en una alta nómina y pérdidas. Explicó que, por ello, el Estado ha tenido que entregar recursos para su funcionamiento y que incluso se han generado pérdidas. Esto les ha motivado a buscar una reforma, que ahora mismo se está discutiendo en la Asamblea.
La ley enviada a la Asamblea contiene lineamientos acordes con las directrices de la OCDE, que se enfocan en mejorar las ineficiencias del gobierno corporativo, buscar la eficiencia en la gestión y la transparencia. La idea es que las empresas tengan objetivos empresariales, sean autosustentables, posean directorios profesionales y no políticos, tengan una política fiscal equivalente a la del sector privado y cuenten con el control del Servicio de Rentas Internas.
Para Emilio Pineda, quien es parte de la División Fiscal del BID, considera que las empresas públicas tienden a ser ineficientes porque no tienen incentivos para mejorar. Si tienen un mal desempeño, saben que el Gobierno las va a cubrir, mientras que si tienen buenos resultados, se conoce que el Estado se podría apropiar de las utilidades. Por eso considera que entre los cambios que se deben concretar está el que las petroleras tengan un régimen fiscal normal, como el privado.
Daniel Blume, analista sénior de la OCDE, opinó por su parte que los estudios demuestran que, sobre todo en los países de economías emergentes, el Estado es propietario de las empresas más grandes y, por ende, las empresas son parte importante de la economía. En este sentido, privatización no es una opción; y sin embargo, estas deben ser igualmente de eficientes que las privadas. Uno de los principales obstáculos es la politización. Para Blume lo importante es que las empresas tengan ciertas directrices que den confianza a otros agentes económicos para hacer negocios en el país.
Entre tanto, Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, indicó que el tratamiento de la Ley de Empresas Públicas está avanzando de manera fluida y que se espera que en quince días pueda estar el informe para primer debate. Coincidió en que es necesario profesionalizar los directorios de las empresas públicas.
FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO.
