En menos de 15 minutos, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea avocó ayer, 12 de junio del 2019, conocimiento del proceso de denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que el Ejecutivo comunicó el 11 de marzo pasado.
La solicitud llegó a la Comisión el 22 de mayo pasado e incluye un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) del que se desprende que eso no podrá concretarse si el Parlamento no lo aprueba con una mayoría absoluta (70 votos). El presidente de la Comisión Legislativa, Fernando Flores (Creo), manifestó ayer que el informe estará listo en unos 20 días conforme lo contempla la Ley de la Función Legislativa. Si la Asamblea lo autoriza, la salida se dará en septiembre próximo, cuando se cumplen los seis meses que estipula el Tratado luego de que un país decide retirarse de este organismo internacional.
La reversión del edificio que ocupa como sede, en cambio, se concretará al cabo de un año. Y solo entonces el Estado ecuatoriano podrá hacer uso del inmueble en el que se invirtieron más de USD 40 millones de recursos públicos. El coordinador jurídico de la Cancillería, el embajador de carrera Gonzalo Salvador Holguín, argumentó ayer ante la Comisión que es “inviable” continuar en ese ente. “La Unasur ya no existe”, enfatizó al señalar que hasta ahora solo tres de los 12 países que integran este organismo: Venezuela, Bolivia y Uruguay, no han denunciado el tratado suscrito en el 2008.
Lo que preocupa a los asambleístas de esta Comisión es el futuro de los documentos otorgados por este organismo para la movilidad de personas en la región. Por ejemplo, de los 300 000 ciudadanos venezolanos que permanecen en Ecuador, 65 000 tienen visa de residente temporal y otros 4 209 de residente permanente, del tipo Unasur, según datos de la Cancillería. El embajador Salvador respondió que hay “un entramado de mecanismos” de integración regional, como el Mercosur, que pueden suplir ese tipo de documentos. Además, apuntó que “nunca llegó a prosperar lo de la ciudadanía sudamericana”, pues la discusión de ese tema se detuvo a nivel del Consejo de Ministros de Unasur y no llegó a debate de los Jefes de Estado. Como parte del trabajo, la Comisión analizará aspectos relacionados con la creación de este organismo, y los motivos que tuvieron seis de los 12 países miembros para abandonar este ente regional.
El grupo de los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), afines al expresidente Rafael Correa, no están dispuestos a dar sus votos para que Ecuador salga de ese organismo de integración, que fue creado en el 2012. Joffre Poma, uno de ellos y quien integra esta Comisión, cree que la Asamblea no debe dar paso a la salida de Unasur como lo decidió hace un mes el Parlamento de Chile. “Yo creo que eso sería seguir la corriente, el camino que quieren nuestros pueblos, nuestros ciudadanos y creo que la Asamblea podría tranquilamente pronunciarse en el mismo sentido de seguirse manteniendo en la Unasur”, expresó. De los 12 integrantes de esta Comisión, cuatro son del correísmo, cuatro de Creo, dos independientes, uno del PSC y uno del movimiento oficialista Alianza País (AP).
Otro de los países que denunció el tratado fue Colombia, en donde el tema desató una discusión de carácter académico sobre si el presidente Iván Duque tiene o no la capacidad de denunciar tratados y si la efectividad de esta denuncia se traduce inmediatamente en la terminación. “Mi opinión personal es que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, y si para hacerla se requirió de un tratado que fue debatido y aprobado por el Congreso de Colombia, de la misma manera cualquier retiro de Unasur tiene que ser sometido a una discusión en el Congreso y tiene que haber la discusión de las distintas fuerzas políticas”, dijo el expresidente de ese país Ernesto Samper. Samper, quien hasta 2017 ocupó la Secretaría de Unasur, plantea que, en lugar de crear un nuevo mecanismo de integración (de los que ya hay una decena), impulsen una reingeniería de este organismo y nuevas bases para su desarrollo.
El embajador Salvador Holguín señaló que las causas de la parálisis de la Unansur se encuentran en las diferencias políticas, el “exceso de burocracia” y el esquema rígido, lo que impidió a los países nombrar a un sucesor de Samper. Además de las visas, en una entrevista para este Diario, Samper señaló que la salida de Unasur supone la pérdida de otros beneficios. Uno de ellos tiene que ver con los permisos temporales para trabajo por hasta dos años en los países miembros del organismo. Según Samper, en la actualidad, de ese documento se benefician unos 3 000 000 de sudamericanos. También hay la posibilidad de homologar títulos profesionales. Unasur permite una movilidad educativa para la enseñanza superior e intermedia, a través de convenios. Además, descuentos (de hasta un 40%) que se obtienen por vacunas infantiles y medicamentos a través del Instituto de Salud de Unasur.
