18 PERSONAS SABÍAN DEL INFORME DEL CASO GABELA.

 

Listado de asistencia a reunión del Caso Gabela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos hojas son el único registro que da cuenta de quiénes conocerían los resultados del tercer informe pericial, en el cual se señalan el móvil y los presuntos involucrados en el asesinato del general Jorge Gabela, quien denunció anomalías en la compra de siete helicópteros Drhuv.

Ahí constan los nombres de 18 personas que participaron en una reunión ‘clave’ del Comité Interinstitucional que creó Rafael Correa en el 2012, para investigar la muerte de Gabela, y al cual se le entregó un informe que está ‘desaparecido’ de los archivos gubernamentales, elaborado por el perito argentino Roberto Meza.

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Tras la decisión de desclasificar información del caso, hay 124 documentos, entre actas y listados de asistencia, que reposan en la Comisión Ocasional de la Asamblea creada para investigar esta muerte.

Una de esas hojas es el “Listado de asistencia a reunión caso Gral. Gabela”, fechada el 18 de noviembre del 2013, día en el que se leyó el tercer producto o informe final del perito.

En el edificio del ECU-911 en la capital, ministros y delegados hicieron “observaciones de forma” al documento, según el exsecretario de Justicia y quien presidía este comité, Lenin Lara, a la Comisión legislativa el 19 de julio pasado.

A esa cita fueron Diana Espinoza y Javier Córdova, funcionaria y viceministro del Interior; Michel Camacho, Christian Castillo y Diego Guzmán, de la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP); Susana Vaca, del Ministerio Coordinador de Seguridad; Santiago Medranda, María Fernanda Carillo e Ivette Macancela, de la cartera de Defensa, y su exministra, María Fernanda Espinosa. También Wilson Mayorga, Nadia Ruiz, Paola Carrera y Carlos Arias, de Justicia. Y otras dos personas, cuyos nombres no son legibles.

Lara no está en el registro, pero en la comisión legislativa confirmó que estuvo ahí, así como Homero Arellano, exministro coordinador de Seguridad; y el mismo Guzmán.

Este último dijo en la Mesa de la Asamblea que no recordaba nada de esa fecha. Él compareció el 13 de agosto.

Cuando legisladores le preguntaron qué supo de esa cita, alertó que “ya no era secretario de Transparencia” (dejó este cargo el 12 de junio del 2013). Pero su firma constaba como delegado de la “SNAP”.

Estuvo en otras reuniones, como la del 16 de octubre y del 30 de octubre como subsecretario de la SNAP. Pese a ello, no recordaba a cuántas sesiones asistió y tampoco “haber leído o recibido o ser informado sobre un tercer informe”.

Al ser consultado si se habló de crimen organizado como móvil del crimen, contestó que en el “supuesto que haya sido en otra fecha y que haya estado allí, no recuerdo que haya habido ninguna imputación o algo sobre persona alguna como autores del presunto delito”.

Lara asistió a la instancia legislativa el 19 de julio pasado, y relató que el 18 de noviembre se hicieron observaciones en el informe que “debían ser satisfechas para seguir el trámite” y ser presentado a Correa.

Aseguró que hay constancia de que “hubo un producto final” que se recibió a través de un acto administrativo, que “pudimos revisarlo cuando fue presentado en el Comité”.

“Las formalidades se cumplieron, de no haber sido así, no podía procederse con la recepción y con el pago”, dijo.

Meza debía entregar tres productos. Si el segundo cumplía con la hipótesis de que hubo un móvil del crimen, se pasaría al tercero, para establecer autores intelectuales.

Los miembros del comité hicieron observaciones al informe antes del 18 de noviembre. Los documentos desclasificados revelan que el 16 de agosto se “deja constancia en actas” que “el producto final no se encuentra conforme a lo establecido en el contrato”. Pidieron ampliaciones.

El 23 de agosto se solicitó a Meza que “por cuestiones de forma se reestructuren los elementos que sustentan y/o desvirtúen las hipótesis”. Y ese mismo día entrega el producto con esas observaciones.

El 2 de septiembre se firma el acta de entrega recepción única, en la que las “partes declaran su aceptación a lo convenido”, pues creen que se cumplió a “satisfacción” el trabajo.

El acta la firman, la exfuncionaria del Ministerio de Justicia, Jéssica Jaramillo, administradora del contrato, Meza y el técnico Jorge Pazmiño.

Dos días después del 18 de noviembre del 2013, un equipo de asesores y delegados de varios ministerios se reunieron.

Cinco meses después, el 29 de abril del 2014 se reúne el comité. En mayo de ese año se pide a Meza que “elimine” ocho páginas de su informe. Aunque no se ha precisado si lo hizo.

No hay nóminas por ocho meses; y en enero del 2015 el Comité sesiona con nuevos actores y ministros. (I)

Última cita
La última constancia de una reunión del Comité es del 15 de junio del 2015, diez días antes de que se entregue el “informe final” a Rafael Correa. A ella fueron Pedro Solines, exsecretario de la Administración; Diego Fuentes, del Ministerio del Interior; Fernando Cordero, exministro de Defensa; Ramiro Aguirre, delegado del Ministerio de Seguridad, y Ledy Zúñiga, exministra de Justicia, quien dijo que se había dado el texto a Correa.

FUENTE: Diario El Universo.

 

 

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